Telaraña de impunidad

El asesinato del periodista Gastón Medina en Ica, el 20 de enero del 2025, tuvo alto impacto no solo porque era un pugnaz investigador, sino porque tres años antes, un sicario, Víctor Mere, dijo que había un plan para eliminarlo. En una entrevista publicada por el propio Medina, Mere anticipó que el periodista correría igual suerte. Ambos fueron enterrados aquel verano. Las miradas se dirigieron al poderoso asesor del gobierno regional, Carlos Zegarra, porque Mere proporcionó el audio de una conversación en la que se habla de matar al periodista y una de las voces sería la del funcionario. El indicio no fue descartado ni confirmado. La sospecha recayó sobre Zegarra, quien hace tres semanas se convirtió en diputado de Fuerza Popular.

La historia pertenece al contexto de corrupción y crimen que rodea al Gobierno Regional de Ica, donde Jorge Hurtado fue elegido gobernador para el período 2023-2025. A fines del 2022, en el mitin de cierre de su campaña, murió acribillado su guardaespaldas Harrys Avilés. El 3 de enero del 2023, su director de Salud, César Valdivia, sobrevivió a un atentado. Eran del equipo gobernante, pero había una guerra interna. Valdivia acusó a Zegarra del ataque que lo hirió en un brazo. A su vez, Mere alertó que Zegarra atentaría contra su vida, la de Medina y la de la entonces vicegobernadora Luz Canales. ¿Por qué habría caído en desgracia ante Zegarra? Según dijo, porque no había cumplido sus encargos.

Posteriormente, el enigmático Mere cambió de postura para sostener que el verdadero amenazado de muerte era el asesor regional. La nueva versión permitió a Zegarra denunciar ante la fiscalía que una organización criminal quería asesinarlo. Indicó que la integraban el director de Salud, la vicegobernadora Canales y los dos personajes que serían después eliminados: el sicario y el periodista.

Así, en el 2025, cuando murió Medina, su presunto asesino, Zegarra, era también una presunta víctima. El Ministerio Público había abierto una investigación contra el periodista por pertenecer a una supuesta organización criminal que intentaría matar al hoy diputado. La paradoja es brutal. Zegarra, en cambio, ha declarado que nunca fue objeto de indagación sobre el homicidio de Medina.

Zegarra, además, involucró al fiscal anticorrupción Alexander Pérez como partícipe de la conspiración que pretendía matarlo. El motivo era que lo investigaba. En marzo del 2023, Pérez abrió una investigación preliminar contra una supuesta red de corrupción en el gobierno regional bajo la hipótesis de que negociaba nombramientos, cobraba cupos y tenía un grupo armado para controlar la administración. Los posibles delitos eran colusión, cohecho y tráfico de influencias, entre otros. El financiamiento de la campaña del gobernador, a cargo de empresas que operaban en la región, estaría siendo premiado con obras públicas. Los líderes de la organización criminal serían Hurtado y Zegarra, a quienes se atribuía, con la complicidad de varios funcionarios, el atentado que sufrió Valdivia. Había un testigo protegido aportando información fundamental. El fiscal Pérez declaró compleja su investigación y fijó un plazo de 36 meses para llevarla a cabo.

En el 2025, sin embargo, Pérez archivó la carpeta sin pena ni gloria. Pedí infructuosamente a las autoridades del Ministerio Público una explicación del fracaso. ¿La información inicial era falsa? ¿No había manera de comprobarla? ¿Hubo presiones sobre el fiscal? Si solo una parte de lo que hipotetizaba Pérez resultaba cierto, podría decirse que Ica era una región tomada por el crimen. Eso es lo que piensan, sin necesidad de investigación, las personas bien informadas sobre lo que ocurre en el departamento, que gracias a la minería y la agroexportación exhibe el segundo mayor ingreso per cápita del país. Los positivos indicadores económicos de Ica contrastan con la incapacidad de sus autoridades para controlar los asesinatos y la corrupción. En el primer semestre del 2026 fue la quinta región con mayor número de homicidios. El Tren de Aragua ofrece sicarios a la carta y los autores intelectuales de los asesinatos políticos nunca son descubiertos.

Aparte de las muertes mencionadas, hay otras que a viva voz se atribuyen a algún poder regional, aunque solo en conjeturas, porque hay evidencia de que no interesaban a los delincuentes comunes. El dirigente gremial Carlos Huauya fue hallado muerto en su auto, aparentemente por un accidente, aunque su familia sostiene que fue homicidio. El asesinato del decorador Arturo Ramos fue atribuido a la necesidad de mantenerlo en silencio porque conocía secretos íntimos de la gobernación. La sensación de impunidad acrecienta rumores y se habla con normalidad de coimas, muertes por encargo y ajustes de cuentas. El caso de Gastón Medina ha pasado a engrosar esta deplorable lista de crímenes irresueltos.

Luego de su asesinato, la policía recogió filmaciones que exhibieron a las personas que hicieron el seguimiento de sus actividades en los días anteriores al crimen. Primero fue identificado el autor de los disparos, Javier Echeverría Suárez, un venezolano de 27 años. Capturado el 3 de abril del 2025, alegó inocencia, y hasta el momento el Ministerio Público espera pericias que demuestren fehacientemente su culpabilidad. La fiscalía, al haber declarado compleja la investigación, ha logrado extender la prisión preventiva hasta el 2027, pero aún no recibe todas las pruebas antropométricas indispensables.

Mientras tanto, fueron identificados otros cuatro venezolanos que participaron en el asesinato: dos de ellos están presos en Ica y uno fue capturado en Chile, donde espera ser extraditado. El quinto está prófugo. Cuando el proceso de identificación concluya, faltará establecer quién les pagó para asesinar a Medina. La investigación es llevada por una fiscalía de derechos humanos de Ica en dos carpetas distintas y reservadas. Es cierto lo que ha declarado el diputado Zegarra cuando fue interrogado por los periodistas: nadie lo ha llamado a declarar.

Este año, en Lima, fue detenido Gilberson Díaz, un venezolano que portaba el arma con la que fue asesinado el periodista, una Glock 25 de calibre 9 milímetros corto. Díaz dijo que la compró en Nazca y negó toda vinculación con el asesinato de Medina, lo que está por comprobarse. Resultó que la pistola pertenecía a un suboficial de la policía, Rogger Rosales, de 30 años, de la comisaría de Carmen de la Legua. No era la suya de reglamento, sino otra para su uso personal. Citado por la fiscalía, Rosales declaró que le robaron la pistola cuando se quedó dormido en un bus. No hizo la denuncia. Añadió que en otra ocasión había perdido sus documentos personales, entre los cuales se hallaba el certificado de la Glock. Las grietas de la versión son notorias. Es sabido que hay policías que alquilan su arma a delincuentes para que la empleen en asaltos.

Medina era de esos periodistas que embisten contra cualquier autoridad y reciben numerosas querellas a cambio. La falta de agresividad para llegar hasta quienes ordenaron eliminarlo es una muestra más del fracaso del combate al crimen organizado en Ica. La fiscalía no informa qué hizo al respecto. Desde el asesinato se sucedieron seis jefes policiales sin mayor impacto. Uno de ellos estaba en el cuadro delictivo que elaboró el fiscal Pérez. La policía y el Ministerio Público tendrían que haberse unido para limpiar la región de ladrones y sicarios, privilegiando labores de inteligencia, pero la cooptación del poder local fue más fuerte. Encima, Fuerza Popular escogió al candidato menos indicado para que lo representara en Diputados.