El renacido

El secretario general de la OEA ha salvado el pescuezo luego de una reunión del Consejo Permanente, el viernes pasado, en la que se pronunció sobre los resultados de la investigación externa de una supuesta conducta impropia. La correlación de países con gobiernos de izquierda, más sus aliados, hace mayoría en este organismo, y como Luis Almagro es indeseable para ellos, la aparición de una denuncia, grave en apariencia, era una ocasión inmejorable para despedirlo. Pero esta mayoría se encontró con un hacha de cartón. Miller&Chevalier, el bufete de abogados que preparó el dictamen, solo hizo observaciones éticas que no llegaban al señalamiento de que transgredió las normas de la OEA, lo que a Almagro le hubiera costado el puesto. El voto de dos tercios del Consejo Permanente lo permitía. El punto bajo investigación era si las había violado mientras mantuvo una relación íntima con una funcionaria de la organización.

La importancia del tema no reside en la vida privada de Almagro, por supuesto, sino en las consecuencias políticas de su reemplazo, que podría haber implicado un cambio de timón en la OEA en beneficio del progresismo latinoamericano, algunos de cuyos líderes desean mayor espacio para sus proyectos. Las posiciones son diferenciadas. Así, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dice que la OEA es un hazmerreír, un organismo inútil y desechable. En cambio, el colombiano Gustavo Petro, en un discurso ante el Consejo Permanente, el 19 de abril, se refirió a la OEA como un espacio donde América Latina podría unirse para consensuar respecto del uso de las energías limpias y de los tesoros minerales que posee, en el marco de una renovación de la Carta Democrática Interamericana. Abogó por ampliar los derechos que esta contiene, incluyendo a los de las mujeres y a los de la naturaleza, entre otros. Pero en lo mejor de sus gestos de estadista, en el clímax de su discurso sobre una democracia superior, se transformó en un charlatán de plazuela. Volvió a defender al golpista expresidente Pedro Castillo, lo que causó el retiro de la sesión del representante peruano, Gustavo Adrianzén.

Antes de conocerse el resultado del informe los pronósticos eran reservados entre las delegaciones. El punto fuerte de la denuncia no era que Almagro mantuviera relaciones íntimas con una subordinada −está permitido en la OEA−, sino que el compromiso entre ambos distorsionó el funcionamiento institucional, ocasionando una violación de normas. La investigación debía comprobar alguna de las modalidades frecuentes en estos casos. Por ejemplo, que el jefe promovió a su amada, o que le aumentó el sueldo, o que la cambió de ubicación para tenerla más cerca, o que perjudicó a otros para favorecerla, o que hizo arreglos para que, bajo la cobertura del cumplimiento del deber, pudieran viajar juntos. ¿Se aprovecharon del dinero de los estados? Dado que Almagro mantuvo un romance abierto y a la vez estrechas relaciones de trabajo con su pareja, parecía muy difícil que en alguna medida el Código de Ética, u otras reglamentaciones de la OEA, no hubieran sido transgredidos para un mejor disfrute del idilio.

Sin embargo, la indagación demostró algo distinto. Y produjo un hallazgo imprevisto: las relaciones entre funcionarios de la OEA eran más frecuentes de lo que podía suponerse.

Los investigadores estudiaron la trayectoria de la funcionaria relacionada con Almagro desde su ingreso a la OEA, en el 2012, seis años antes de su vinculación amorosa con el secretario general. Ella es una académica en ciencias sociales con una alta calificación profesional. Fueron examinados sus ascensos, sus aumentos de sueldo y sus cambios de ubicación, además de los numerosos viajes que realizó integrando delegaciones en las que también participaba Almagro. El período relevante fue el de la vigencia de la relación íntima, entre el 2018 y el 2022. Miller&Chevalier halló evidencia testimonial de que, una vez establecido el romance, Almagro revisó con uno de sus asesores las posibles infracciones éticas o normativas en las que podía incurrir. Después observó una distancia sobre todo lo que afectara a la posición de su pareja. Según los investigadores, ella no obtuvo ninguna mejoría en la que interviniera Almagro, sino todo lo contrario, al punto de que vivió un estancamiento profesional. El escrutinio de los viajes no comprobó la menor irregularidad, sino pulcritud extrema, incluyendo devolución de dinero no gastado. Cuando en alguna ocasión viajaron por motivos personales, ella pagó sus gastos.

Por otra parte, Miller&Chevalier encontró que Almagro faltó al sentido común y buen juicio, una obligación requerida a los funcionarios por el Código de Ética de la OEA. Lo hizo, indica, al permitir que su pareja continuara perteneciendo a su equipo de asesores. Pero no fue una violación intencional de estos principios, agrega. No al menos para ser considerada una falta grave.

Cuando el Consejo Permanente abrió la sesión, en la mañana del viernes, todo estaba consumado. Su presidente, el uruguayo Washington Abdala, le dio la palabra al representante de Antigua y Barbuda, Ronald Sanders, quien presentó un proyecto de resolución que daba por concluido el tema. Dijo que reflejaba un temperamento obtenido por unanimidad entre las delegaciones, en varios conciliábulos, hasta las 10 p.m. de la víspera. El texto hubiera sido aprobado por aclamación si el representante de El Salvador, Agustín Vásquez, no hubiera señalado que careció de tiempo para analizarla. Prevaleció la opinión de aprobarla dejando constancia de esta declaración. De todos los adversarios de Almagro, El Salvador −enfrentado con el secretario general por diferencias sobre el combate al crimen organizado− fue el único país que no quiso votar a favor. Vásquez dijo después que el procedimiento había sido exprés y falto de transparencia. Luego, la mexicana Luz Elena Baños confirmó que se sumaba al consenso pero que no estaba de acuerdo con que la OEA hubiera gastado US$120.000 en el informe de Miller&Chevalier, cuando lo que Almagro debió hacer fue renunciar no bien se conoció la denuncia.

El boliviano Héctor Arce, también votante por el consenso, manifestó que en el fondo no le gustaba el resultado. Llamó la atención sobre el hecho de que el Consejo Permanente le hubiera dado a Almagro 10 días para hacer sus descargos ante los investigadores, sobre un asunto nimio, pese a que el Estado Boliviano no tuvo un solo minuto para responder la acusación de fraude que le hizo una misión de la OEA, lo que propició −según dijo− un golpe de Estado contra Evo Morales. Esta es una herida abierta entre el régimen boliviano y Almagro, a cuyo despacho pertenecen las misiones electorales. Pero produce lágrimas de cocodrilo. Puestas a competir, es difícil señalar si la mentira de que Morales no hizo fraude en el 2019 es mayor que la de que en el Perú Pedro Castillo no intentó un golpe de Estado. Lo cierto es que el Gobierno Boliviano tiene una motivación adicional a la de su alineamiento ideológico para pronunciarse como lo hizo el viernes. Arce, por su cuenta, tampoco tendría una conducta autorizada para lanzar la primera piedra en materia de relaciones íntimas con miembros del personal.

El último orador fue el argentino Alberto Raimundi. Mencionó que el hecho de que apoyara el consenso no desautorizaba los cuestionamientos de su país hacia Almagro. Quería impedir, dijo, una lectura política distorsionada de los resultados. Esta críptica afirmación descubre el motivo de que los antialmagristas −que no solo están en la izquierda− evitaran una votación sobre el dictamen absolutorio. Se hubieran quedado con solo cuatro o cinco votos, ocasionando que una situación embarazosa para Almagro se convirtiera en triunfo resonante. Aunque en cierto modo lo fue.