Bailar pegados, por José Carlos Requena

Luego del errático manejo de los conflictos sociales por parte del Ejecutivo, el país parece haberse vuelto a instalar en el débil soporte que le brinda el pacto de no agresión entre los dos poderes del Estado. Ello, teniendo como telón de fondo una irascibilidad social creciente que ya ha cobrado el lamentable saldo de seis personas fallecidas.

De alguna manera, aquel llamado lo resumió el primer ministro Aníbal Torres la tarde del martes, cuando se refirió a la necesidad de reducir a su mínima expresión los recursos constitucionales muy usados en tiempos recientes: la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y la cuestión de confianza.

Torres, de hecho, fue un poco más allá. Quizás basado en la votación del lunes 28 –cuando la vacancia presidencial alcanzó solo 55 votos–, dijo que el Gobierno no tiene oposición. “Nosotros no tenemos oposición, por ejemplo, cuando se manifiesta un problema sustancial para la democracia, como el cierre del Congreso… el Ejecutivo no ha hablado del cierre del Congreso, no ha presentado una sola ley deduciendo cuestión de confianza”, dijo. Algo que seguramente hará arquear las cejas a los voceros de la oposición parlamentaria.

El premier, sin embargo, no parece estar tan lejos de la realidad, por lo menos a nivel cuantitativo. Si se hace una contabilidad objetiva, la oposición dura no supera los 50 votos, muy lejanos de cualquier acción efectiva de control político. Si se suma a la oposición moderada (disidentes de bancadas grandes o integrantes no agrupados), la cifra crece solo marginalmente.

Ello ha permitido que el Ejecutivo tenga amplio margen en las decisiones políticas importantes. De hecho, los dos intentos de vacancia han estado muy lejos de acumular la votación calificada requerida (87) y tres de los cuatro gabinetes han recibido la confianza del Parlamento. En ámbitos constitucionales, eso sí, se han logrado acotaciones importantes que han reducido el estropicio de algunas decisiones que el Ejecutivo pudo haber tomado.

El rechazo al arrebato autoritario de la noche del lunes 4 provino, sobre todo, de la sociedad civil desorganizada, con más espontaneidad que planificación. A esta se unieron diversas voces, incluyendo gremios y voces independientes que rechazaban la medida. Tuvo especial relevancia el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo que se refirió a la medida como “inconstitucional por la ausencia de una debida motivación y por ser absolutamente desproporcionada”. El Parlamento, en cambio, se perdió en un intercambio de misivas claramente improductivo.

Al cierre de la reunión con la Junta de Portavoces –de la que el presidente Pedro Castillo salió raudamente para “firmar” el decreto que revertía su decisión de la noche previa–, no se hizo notoria la participación de ningún vocero parlamentario. La única noticia de la breve y vacía jornada fue el anuncio del presidente, que nunca tuvo una concreción.

El Congreso (o la mayoría de este) parece haber decidido compartir los pasivos que el Ejecutivo arrastra, preservando el acuerdo tácito para continuar en el actual precario equilibrio: sin mociones de vacancia a la vista, con acciones de control político que llegan a cuentagotas y con una cercanía de muchos parlamentarios que hace dudar de la separación de poderes. Aun entre quienes quieren la renuncia de Castillo, la principal opción es esperar la voluntad presidencial.

De alguna manera, replica la letra de aquella balada de Sergio Dalma: “Bailar de lejos, no es bailar / Es como estar bailando solo / Tú bailando en tu volcán / Y a dos metros de ti / Bailando yo en el polo / Probemos una sola vez / Bailar pegados como a fuego /Abrazados al compás / Sin separar jamás / Tu cuerpo de mi cuerpo”.