El Congreso se apresta a elegir a su nueva Mesa Directiva el próximo 26 de julio. Ha sido un año en el que se han acumulado aspectos positivos (la elección de altos funcionarios y la contención de algunos estropicios planteados por el Ejecutivo) con otros muy tóxicos (la promulgación de leyes sin sustento técnico o la indulgencia ante algunos servidores públicos que merecieron mayor rigor).
La agenda actual, como bien lo indica Ricardo Uceda, está planteada por la posición que toma el colectivo ante la situación del jefe del Estado Pedro Castillo, aquejado, como se sabe, por serias presiones fiscales. Para Uceda, “la estabilidad de Castillo seguirá siendo el telón de fondo de las discusiones en el Congreso” (El Comercio 10/7/2022). El panorama, pues, es distinto a aquel con el que se inició la errática y reincidente gestión de Castillo signada por el desconocimiento de los resultados de junio del 2021 y el temor a lo que se hiciera desde Palacio de Gobierno.
La coalición que ocupa hoy la actual Mesa Directiva (Acción Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú y Avanza País) ganó las elecciones a la segunda lista opositora (69 a 10), superando también a los votos en blanco (50), donde se cobijaron el oficialismo y sus aliados de ese momento (Somos Perú y Partido Morado) tras abortar su intento de presentar una lista.
Del grupo victorioso, solo APP y Avanza País han mantenido cierta estabilidad. AP, en cambio, se encuentra partido, albergando aún al llamado grupo de ‘Los Niños’, mientras Podemos Perú recién ha recuperado su condición de bancada.
La mayoría de las bancadas, además, ha experimentado alguna deserción. Las únicas dos excepciones son la intacta Fuerza Popular (24) y Avanza País (que incluso ha crecido desde la elección: de siete a diez). Ni qué decir de Perú Libre, el partido que llevó a la presidencia a Castillo, dividido hoy en cuatro grupos.
Esta fragmentación hace muy difícil prever el comportamiento de los grupos políticos. Si hace un año se pudo aportar bolsones de votos, hoy la tarea será mucho más compleja. Lejanos parecen los momentos en que se daba un consenso demagógico (para aprobar leyes muy controversiales, con votaciones plurales que superaban los cien votos) o la jornada en la que se logró la votación calificada (más de 87) para la elección de seis miembros del TC.
En este panorama de fragmentación y potenciales confluencias de interés, ha surgido la forzada etiqueta de “fujicerronismo”. Pero el término parece un efectismo para optimizar titulares. No hay ni alianza ni acercamientos, sino votaciones eventuales. De hecho, Perú Libre ha anunciado que se opondrá a la bicameralidad, una de las banderas del fujimorismo que preside la Comisión de Constitución.
Así pues, todo permanece brumoso, a pesar de las expectativas y deseos de varios sectores de la opinión pública. Toda proyección, por ello, parece arriesgada, cuando no audaz.
Con algo de apresuramiento, por ejemplo, se cree que quien presida el Congreso tendrá que liderar la eventual remoción de Castillo y las elecciones que deban organizarse, ante la eventualidad de que se haya suspendido también a la vicepresidenta (y ministra) Dina Boluarte. Si bien es lo que estipula la Constitución, los dos únicos antecedentes de caída de un gobierno (el 2000 y el 2020) han requerido un nuevo acuerdo. En ambos, se prescindió de los presidentes vigentes, al manifestarse políticamente insostenibles, una por el descrédito del régimen y el otro por la intensa protesta ciudadana.
Al margen de todo ello, la elección del martes 26 de julio será sin duda de vital importancia y tocará estar atento a su ahora lejano desenlace. Llueve o truene habrá un cambio de guardia; hace falta ver qué rumbo toma