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Cuando el en cuestiones de competitividad, difícilmente podemos cumplir el 88% de algo. A menos que uno escarbe debajo de ese número, cosa que le faltó hacer a la prensa especializada.
El porcentaje de avance es, en términos generales, verosímil. Es el resultado de calcular lo conseguido en una diversidad de metas, agrupadas bajo las siete categorías que maneja el Consejo Nacional de Competitividad (CNC), entre otras las de infraestructura, ambiente e internacionalización.
No hay que ser mezquino con lo que funciona. Lo que reporta el CNC es, con sus sumas y restas, una colección de buenas nuevas. La existencia misma de esta entidad ya me parece alentadora: una especie de bisagra multisectorial que articula logros entre una infinidad de instancias de gobierno, con una relación concreta de objetivos y metas.
Pero lo presentado recientemente por el MEF era la libreta de notas del país y, lamentablemente, en el curso que más me interesaba, Facilitación de Negocios, seguimos jalados, con un modesto 67% de cumplimiento en los objetivos que se trazaron para el 2012 y 2013.
Incluso ese porcentaje es bien generoso. Se ayuda mucho de metas que son interesantes pero no decisivas, como el logro en la constitución de empresas por medios electrónicos en 12 capitales de departamento (92% de cumplimiento) o la gestión de licencias de funcionamiento por medios electrónicos en 25 municipalidades (70% de cumplimiento).
Otro tema que ayuda a inflar el promedio es el 80% de cumplimiento que obtiene el objetivo de duplicar el uso de garantías mobiliarias, algo que se ha logrado sin intervención estatal gracias al crecimiento de los créditos vehiculares, como reconoce el CNC.
En temas que sí son cruciales para la vida de los negocios los resultados son desalentadores. La mejora del procedimiento de inspección técnica de defensa civil (el principal motivo del consumo de Alprazolam en la comunidad empresarial) no ha ocurrido, sino que apenas se ha aprobado un cambio de responsabilidades a un nuevo ente estatal aún inexistente. El CNC pone una nota muy discutible de 66% de avance en este objetivo.
Otras cosas importantes están aun peor. La meta de reducir a 30 días el plazo de emisión de licencias de construcción en 49 municipios de Lima y Callao registra apenas un 33% de cumplimiento. Mientras que la reducción en 30% del tiempo que se requiere para liquidar una empresa tiene un 55% de avance.
Donde peor queda el Gobierno es en lograr que el 50% de las normas de tres ministerios sean sustentadas y acompañadas por un análisis de impacto regulatorio, meta que se ha cumplido al 38% nada más. O sea, la misma falta de rigor regulatorio que se exige al Congreso ocurre también en el Poder Ejecutivo.
En resumen, en materia de destrabar los obstáculos que limitan severamente la actividad empresarial y el desarrollo del mercado, hemos conseguido poco. Eso es lo que sonaba incoherente en el anuncio ministerial. Era en realidad un promedio “mentiroso”: sacamos buenas notas en Religión y Educación Física, pero nos jalaron en Ciencias y Matemática. Así no vale.