¿Derecho a qué?, por Carlos Adrianzén
¿Derecho a qué?, por Carlos Adrianzén

“La educación es un derecho” es una frase muy bonita, pero en este deseo se frustra. En esta columna voy a arremeter contra esta consigna.

La educación puede ser muy buena y crear capital humano o ser mediocre y fuente de deplorables productividades. La primera suele ser cara; mientras que la segunda, barata.

Cuando hablamos del derecho, sin embargo, todo cambia. Un derecho puede implicar muchísimas cosas. Del diccionario de la Real Academia Española me quedo con: “La facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley establece en nuestro favor”. Entonces, para evitar imprecisiones, hay que acotar. Y aquí surgen turbiedades y demagogias.

Según el , Estados Unidos y el Perú gastan porcentajes similares de su presupuesto en . Debido a las diferencias en sus niveles de riqueza, lo que se destina a la burocracia peruana por alumno es una fracción minúscula de lo que gastan los estadounidenses (3%). En ese sentido, un servicio educativo de US$10.000 dólares no tiene cotejo con otro que asigna US$300. Considerando que la presión tributaria peruana ya supera el 21% del PBI y que esta se enfoca sobre la mitad formal, pretender elevar en forma drástica los aludidos US$300 tiene mucho de iluso.

Por ello, los recientes esfuerzos por gastar un poquito más y mejor en educación pública resultan tan destacables como inverosímiles en el tiempo. ¿Qué hacer aquí? 

Las cosas podrían mejorar, en algunas décadas, con el ingreso masivo de privados en el sector educación. Pero sostener esto es una blasfemia imperdonable en nuestro país. 

La solución, por ende, nos remite a la siguiente observación: no es lo mismo hablar del derecho a la educación que el derecho a educarse. El derecho a educarse es tácitamente que tenemos la responsabilidad de educarnos. 

Si la burocracia desea ayudarnos, estaría bien dejar de subsidiar entes estatales y subsidiar directamente a las familias. También ayudaría que no se bloquee la libre entrada ni la competencia entre entidades públicas y privadas. 

Sobre todo, es necesario comprender que el derecho a educarse implica la libertad de educarse. Dejemos que la gente ejerza su derecho donde sepa, quiera o pueda. 

Y si esto no pasa, entienda que hoy educar a nuestros niños y jóvenes se parece más a un deber que a un derecho. Usemos todos los medios lícitos para obtener lo que no podamos pagar. Como en todo, no hay alternativa para usar el criterio. De allí la enorme importancia de la educación primaria y secundaria.

Y no lo olvide: los diplomas y certificados no competitivos estafan. Como lo acredita nuestro significativo déficit de capital humano, un exiguo subsidio por estudiante no alcanza. Debemos encargarnos de nuestra educación. 

¿Así tendremos futuro? Con seguridad, tendremos el futuro que nos mereceremos. Esto a menos que nos atrevamos a hacer algo más que lamentarnos y culpar a otros.