La economía ilegal continúa no solo creciendo en el mercado ilegal internacional, sino también diversificándose. Para el Perú y varios países de la región andina, es un problema mayor. Ya no es posible concebirla como producto exclusivo del narcotráfico –de la cocaína, para el caso peruano–. Su desarrollo en áreas como la trata de personas, la tala ilegal y, sobre todo, la minería ilegal, no hace sino consolidarse.
De acuerdo con el documento “Tras el dinero del oro ilícito: fortaleciendo la lucha contra las finanzas de la minería ilegal. El caso del Perú” (noviembre del 2021), del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA (DDOT-OEA), la minería ilegal se ha establecido en particular en Madre de Dios, Puno, Arequipa, Piura, Amazonas, La Libertad y Ayacucho. El informe habla de una producción artesanal y de pequeña escala (informal o ilegal) que podría ocupar a entre 250.000 y 500.000 personas. No sería de extrañar que actualmente sean más, sobre todo tomando en cuenta la pobreza rural y los precios del oro y del cobre. Distinguir a los informales de los ilegales no es fácil, pero sí indispensable. El Gobierno Central y los gobiernos regionales tienen que convertir la compleja política de promoción de la formalización en una prioridad efectiva.
La semana pasada, El Comercio publicó (18/1/2024) un informe que da cuenta de la desprotección de nuestra frontera norte con Ecuador y Colombia, extrema en las regiones Amazonas y Loreto. Una carencia que debe superarse con prontitud, siempre teniendo en cuenta el carácter transnacional de las redes delictivas. El cuidado de las fronteras debe contar, simultáneamente, con una colaboración multifronteriza del Perú, Ecuador y Colombia, que debe concretarse al margen de que los gobiernos sean de derecha, como el de Ecuador, o de izquierda, como el de Colombia. Urge que crezca la operatividad de los respectivos Gabinetes binacionales, considerando que los grupos ilícitos, con sus implantaciones “deslocalizadas”, tienen un intercambio de información regular y fluido.
Otro reto es fortalecer el trabajo multisectorial de persecución del lavado de dinero. Del 2015 al 2019, el Perú oficialmente produjo, según el mencionado informe de la DDOT-OEA, alrededor de 720 toneladas de oro; no obstante, exportó 2.242 toneladas, “lo que deja sin registros de producción casi el 70% de sus exportaciones de oro”, una disparidad que el documento califica de “asombrosa”.
Centrándose en el flujo financiero ilícito de la minería ilegal, el informe sostiene que, a juzgar por la cuantía registrada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS, en la década 2011-2020 la minería ilegal –y no el narcotráfico– constituyó el principal delito subyacente, es decir, aquel que genera ingresos que luego se “lavan”: “De un total de US$14.164 millones registrados en transacciones ilícitas detectadas durante este período, casi US$7.000 millones estaban vinculados a la minería ilegal. Entre febrero del 2019 y enero del 2020, de un total de US$1.955 millones en transacciones ilícitas detectadas, aproximadamente US$977 millones estaban vinculados a la minería ilegal, en comparación con US$794 millones vinculados al fraude tributario y US$69 millones al tráfico ilícito de drogas”.
La lucha contra la criminalidad transnacional requiere un diagnóstico público y una estrategia multisectorial que incluya el papel que, en aras de la paz, puede cumplir la población en las zonas involucradas. La consolidación de los esfuerzos de la Policía Nacional, la Sunat y la UIF, el trabajo en fronteras y regiones fuera de Lima y la estrecha colaboración con los países vecinos son los componentes de una indispensable estrategia integral.
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