¿Qué pretende Humala?, por Fernando Rospigliosi

En los últimos días Juan José Garrido en “Perú.21”, Augusto Álvarez Rodrich en “La República”, Juan Carlos Tafur en “Exitosa” y un editorial de El Comercio, entre otros, han especulado acerca de las aviesas intenciones del presidente Ollanta Humala que, al parecer, estaría empeñado en cerrar el Congreso.

Y es que ya son muchas las señales alarmantes. La más reciente ha sido la del congresista Fredy Otárola, al que muchos consideran poco más que un recadero de Palacio de Gobierno, que, en su peculiar y enrevesado estilo, se ha referido explícitamente a la posibilidad de licenciar al Parlamento si no concede al gobierno facultades extraordinarias para legislar.

El mismo tema fue planteado por varios oficialistas en la presentación del primer ministro Pedro Cateriano en el Congreso, pretendiendo establecer un vínculo indisoluble entre la investidura y el otorgamiento de facultades, posición de la que el propio primer ministro se desmarcó al final.

Las agresiones verbales del presidente Humala a la oposición después del nombramiento de Cateriano también apuntaban, al parecer, a irritarlos para que no lo aprobaran.

De hecho, el propio nombramiento de Cateriano, que había mantenido un comportamiento especialmente agresivo con sus adversarios políticos, parecía una provocación para incitar al Congreso a rechazarlo y así causar su disolución.
El problema es que Cateriano se salió del libreto. No tenía la intención de convertirse en un bonzo incinerándose en aras de los tortuosos planes de la pareja presidencial. A diferencia de Otárola y otros, tiene una trayectoria y algo de amor propio. Así, pasó de ser un agresivo ministro que respondía pavlovianamente a las instigaciones de la pareja, a convertirse en un reposado primer ministro que maneja con discreción las relaciones políticas.

De ahí que la pareja presidencial haya intentado nuevas iniciativas para llegar al mismo final. Las facultades extraordinarias son un pretexto que parece servir a ese propósito. Sería absurdo, por ejemplo, que el Congreso conceda facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana. Primero, porque el deterioro de la seguridad no se soluciona con más leyes sino con una política y la decisión de aplicarla, cosas de las que carece el gobierno. Segundo, porque ya antes se le han concedido esas facultades y el resultado ha sido empeorar la situación.

A sabiendas, entonces, que no obtendría las facultades delegadas, la pareja buscaría forzar la situación para disolver el Congreso. Si se atuvieran a la Constitución, tendrían que convocar nuevas elecciones en las que, todo indica, quedarían en una peor posición de la que están ahora. Entonces surge la sospecha de que no es ese su propósito final, sino crear una situación caótica para pescar a río revuelto, quizás perpetuándose en el poder o manipulando las próximas elecciones presidenciales.

Los que creen que eso no es posible porque haciendo un cálculo racional se desecharía esa eventualidad, deben tener en cuenta la experiencia de la pareja. El levantamiento de Locumba, según varias versiones inducido por Vladimiro Montesinos que fugaba ese día en el yate Karisma, no tenía perspectivas. La asonada de Andahuaylas, respaldada explícitamente por Ollanta desde Seúl, carecía de viabilidad. Y las hicieron y, finalmente, les fue útil desde el punto de vista político. No hay que subestimar la audacia de la pareja, ni su inquietud y preocupación por la posibilidad de ser sancionados por varios delitos.

No hay semana en la que no aparezcan nuevos indicios. La que pasó, Arturo Belaunde, padre de Martín, declaró que él no aportó nada a la campaña de Humala, que no le pagó los 51 mil dólares a Nadine Heredia por el contrato de la palma aceitera (solo 17 mil), y que Nadine nunca entregó ningún informe. Es decir, refuerza las sospechas de lavado de dinero venezolano.

Desde Piedras Gordas, el encarcelado ex presidente regional de Áncash César Álvarez ha revelado a “Correo Semanal” sus vínculos con Humala y que el contacto era Martín Belaunde. 

Varios congresistas de oposición han aportado pruebas de las actividades ilegales de la DINI y la ex primera ministra Ana Jara dice que las comparte.

Así las cosas, ¿es descabellado pensar que la pareja presidencial podría intentar una acción imprudente para evitar las investigaciones que eventualmente podrían llevarlos al fundo Barbadillo?