Primera estación: el Minam, por Franco Giuffra

Todo parece indicar que el nuevo gobierno tiene intenciones claras de poner en funcionamiento la podadora burocrática. Por lo menos en lo que toca a trámites y sobrerregulación de la actividad económica. Si es así, no cabe duda de que debe empezar por la primera parada del vía crucis empresarial: el Ministerio del Ambiente (Minam).

Es probable que los estudiosos de la literatura latinoamericana ignoren que una de las piezas más acabadas del realismo mágico es un decreto supremo. Se trata del D.S. 019-2009-Minam, que reglamenta el omnipresente Sistema Nacional de Evaluación Ambiental (SEIA).

En él se precisan los infinitos requisitos que se exigen para desarrollar centenares de actividades productivas: desde la refinación de hidrocarburos hasta la fabricación de relojes. Sin distinguir significativamente por tamaño o actividad. 

¿Sabe lo que el Minam dispone para que una nueva fábrica de chocolates pueda operar, sin importar su dimensión? Una declaración de impacto ambiental de 200 acápites. Incluyendo información sobre el detalle de cómo se va a construir y el número de obreros en la obra.  Los diagramas de flujo de todos los procesos productivos, el consumo de recursos naturales y las máquinas a emplear.

A ello hay que sumar el Plan de Participación Ciudadana (como si fuera una mina), los estimados de producción y los niveles de generación de ruidos, vibraciones y radiaciones. El Plan de Seguimiento y Control de los impactos ambientales y otro Plan de Contingencias.

Estos despropósitos alcanzan a actividades como la fabricación de prendas de vestir, la elaboración de vinos o los establecimientos de atención veterinaria, pasando por giros tan impensables como la edición de música. Para prevenir una intoxicación masiva por escuchar a Beethoven, probablemente.

Para normar y fiscalizar todo esto, el Minam concede responsabilidad a los diferentes sectores ministeriales, según las actividades involucradas: Salud, Produce, Agricultura, etc. A las municipalidades provinciales, además, les otorga autonomía para exigir cosas parecidas a almacenes, depósitos y actividades tan imprecisas como “proyectos sociales, productivos y de construcción a nivel local”.

El desvarío alcanza a estadios y coliseos. Y también a todos los establecimientos comerciales con áreas superiores a los 2.500 metros cuadrados. ¡Qué falta de cable a tierra, por Dios! ¿Cuál puede ser el “impacto ambiental negativo de carácter significativo” de un centro comercial? 

Ese reglamento es pésimo, confuso y mal escrito. Pero señaladamente es un ejemplo destacado de alucinación burocrática, de desconexión con la realidad.

¿Cómo es posible que un ministro pueda dormir tranquilo cinco años sabiendo que su despacho le exige a una fábrica de pan de molde una declaración de impacto ambiental incluyendo una “caracterización del medio físico, biótico, social, cultural y económico del entorno”? 

Con razón, pues, la fama de que los medioambientalistas viven en la luna. Flaco, raquítico favor le hacen a una causa tan importante y trascendental con estas exigencias ridículas y desproporcionadas.

Y paralizantes, además. Porque la normativa del Minam ordena que no se extienda a nadie ninguna licencia o permiso para edificar o funcionar sin cumplir antes con estos diversos y descabellados estudios o declaraciones ambientales. Sin distinguir si es una microempresa o una enorme corporación transnacional.

Con el SEIA y su reglamento el Minam perdió la brújula. Mucho daño le ha hecho al país. Es hora de que se instalen allí la inteligencia y la sensatez. Toca derogar esta norma y reescribir algo nuevo que nazca del sentido común.