El destrabe cacareado por el gobierno es necesario pero poca cosa. Tendría que atacar, en primer lugar, los fundamentos de las trabas, las raíces del mal. No basta emprenderla contra sus expresiones burocráticas. Nos hace falta, a gritos, un discurso y un pacto nacional contra la corrupción y el crimen; un pacto más sólido y explícito que el pacto de gobernabilidad entre Fuerza Popular y PPK. Un pacto que no solo involucre cúpulas de poder que se mandan señales a través de voceros, sino un pueblo que se compromete conmovido a combatir las lacras que nos corroen el alma.
Han lanzado la campaña Dime Tu Traba a peruanos que ni siquiera pueden responder al pedido porque están bajo extorsión, miedo, estrés y depresión. Sí, PPK; sí, Keiko: somos ejemplo de equilibrio macroeconómico desde los paquetes estabilizadores del gobierno de Alberto Fujimori, y nos han aplaudido por ello el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los socios del APEC; pero tenemos alma de perdedores deprimidos, porque deprime ver todos los días que perdemos la batalla contra el crimen y la corrupción.
Leí al politólogo Alberto Vergara fustigar a la ‘teoría de la modernización’ que nos hizo creer que con el crecimiento económico la institucionalidad se iba a imponer paulatinamente, como si chorreara. Vergara confiesa que él mismo pecó de ingenuo al creer tal cosa en un rapto de entusiasmo; pero ahora está convencido de que antes que preocuparnos en gestionar eficientemente nuestra modernidad hay que atacar lo que la hace precaria.
En el mismo sentido, el economista español Ricardo V. Lago me dijo en una entrevista que el mayor legado de PPK, antes que megaproyectos destrabados, sería una reforma exhaustiva del sistema de justicia. Pienso lo mismo. Y disculpen que sea aguafiestas, pero hablar de unificar ventanillas y eliminar trámites me parece frívolo si a la vez no tenemos en cuenta que no es la ineficiencia sino la corrupción lo que está en la base. Antes que destrabar tramitología, destrabémonos la moral, el corazón, las entrañas.
Y como de todas las instituciones que deben combatir el mal el Poder Judicial es la que parece más podrida –a ver si nos contradice su presidente interino, Ramiro de Valdivia, designado sin debate público–, hay que ser radicales y audaces al hablar de su reforma. Marisol Pérez Tello, ministra de Justicia, tiene una misión tan o más importante que la de Alfredo Thorne con la economía. Tiene que convencer al gobierno de tomar la decisión política de comerse el pleito y presionar al Poder Judicial para que admita su miseria moral y emprenda una reforma radical. Y Fuerza Popular tiene que coincidir en ello desde el Congreso. Ese sería un bonito pacto.