Un enemigo reforzado

Uno de los principales temas abordados en Perumin 36, que se lleva a cabo esta semana en Arequipa, es el crecimiento exponencial de la minería ilegal en el país, que trae consigo todo un ecosistema de actividades criminales asociadas.

Las cifras que ha reportado la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) son de terror. Según esta, la minería ilegal ocasiona más de US$6 mil millones de pérdidas anuales (esto es, aproximadamente el 2,5% del PBI) y ha crecido a una tasa promedio de 11,7% en los últimos diez años, superando el valor que genera el narcotráfico.

La minería ilegal es además fuente de otros delitos, como la trata de personas y el sicariato, además del propio narcotráfico y el crimen organizado. Y, por el lado ambiental, entre los años 2001 y 2020 ha depredado bosques a una tasa de 8% anual.

En los últimos años ya se puede hablar de bandas criminales financiadas, promovidas y organizadas por empresas dedicadas a esta actividad ilegal; ergo, se trata de una abierta amenaza para la seguridad nacional. Como todo negocio en expansión, la minería formal representa un enemigo para la ilegal y un riesgo a eliminar; por ende, en varias zonas del país –como, por ejemplo, en la sierra de La Libertad– los ataques a personal e instalaciones de empresas formales con dinamita y armas de largo alcance ya no son extrañas.

El mapa de la minería ilegal se viene extendiendo y ampliando. Zonas de alta presencia de esta actividad son Madre de Dios, Puno, Arequipa, Cusco y, como decíamos, La Libertad. Lo que no quiere decir que no tenga operaciones en otras zonas de manera menos expuesta que en las citadas.

Viene todo esto a cuenta porque un enemigo tan reforzado como el que tenemos al frente, con gran capacidad económica y con objetivos, alcance y nivel de diversificación tan evidentes, debería ser uno de los puntos de referencia para que el Estado (no solo el Ejecutivo, ojo) diseñe y ejecute una respuesta integral, transversal y multiinstitucional, sobre la base del criterio del territorio y, por qué no, con el apoyo de gobiernos amigos en busca del éxito.

Poner a la pobreza y a la altísima informalidad peruanas como justificaciones es insuficiente porque estamos frente a una amenaza para el propio Estado y para la viabilidad democrática. Mucho más si, como es evidente, la minería ilegal ya cuenta con brazos políticos en diferentes instancias del aparato público.

Ahora que el Gobierno se alista a preparar un plan de seguridad ciudadana, aquí tiene un ineludible punto de partida.