Para el ciudadano común la ecuación es simple: hay tanta corrupción como los políticos la permiten. Así de simple, así de demoledor. Es cierto que muchos factores más la favorecen, pero para buena parte del imaginario popular los políticos persiguen el poder para enriquecerse. Es una valoración injusta, sin duda, pero vigente. Por eso será clave el papel que desempeñen en los próximos meses a partir de las revelaciones que traiga el Caso Lava Jato.
Porque si bien es necesario conocer todos los detalles de los sobornos pagados por Odebrecht a funcionarios de tres gobiernos anteriores y luego procesar a los responsables, eso no será suficiente. Más allá de banderas partidarias, los políticos peruanos están obligados a demostrar que son capaces de purgar todo lo que haga falta purgar. No pueden ensayar soluciones a media caña: la magnitud de lo que conoceremos respecto de todas las constructoras brasileñas –porque no solo era Odebrecht, ojo– y sus andanzas con autoridades dejará una sensación similar a la que dejó la corrupción desatada por Vladimiro Montesinos a lo largo de una década. Y quizás hasta sea peor.
Por ello no es suficiente que el presidente Pedro Pablo Kuczynski anuncie como un logro de su gestión que se tomarán medidas para evitar que el Estado contrate a futuro con las empresas involucradas o que despedirá a funcionarios sentenciados por estos delitos. Medidas que debieron estar, hace mucho, incluidas en el marco de la lucha anticorrupción, pero que –¡oh sorpresa!– a nadie se le habían ocurrido. ¿En qué andaban pensando nuestros políticos?
Hoy se abre una oportunidad para superar anuncios y poses. Gobierno y Congreso deben actuar al unísono en esta tarea. Estamos viendo la indignación que suscita que el ex consejero presidencial Carlos Moreno regrese a trabajar al hospital Loayza. La presunción de inocencia lo favorece, pero no haber implementado antes un mecanismo que lo retire preventivamente del servicio público ahonda la desconfianza: “Triunfan los corruptos. ¿De qué sirve ser honesto?”, se preguntan muchos. ¿Vamos a permitir que con Lava Jato suceda lo mismo?
Una primera diferencia es que quizás el escándalo sea la gasolina que la clase política necesita para proponer acciones más efectivas. La fiscalía anunció un equipo especial para investigar y acusar a todos los responsables, y el Poder Judicial confirmó que destinará un contingente de jueces ad hoc a este tema. No basta con que el Ejecutivo anuncie normas y el Parlamento instale una nueva comisión Lava Jato. El país espera mucho más. Y conviene que estén a la altura del reto. No vaya a ser que en el 2021 –¡o incluso antes!– el grito de muchos sea: “¡Que se vayan todos!”.