Meche tiene razón, por Marco Sifuentes

En general, a los periodistas no nos gusta que nos controlen. Eso tiene que ver con la inevitable desproporción de ego requerida para entregarse a un oficio en el que muchas veces el mayor pago es ver tu nombre en un papel o una pantalla. Pero, también, una vez puestos a intelectualizar ese engreimiento, al final, la conclusión suele ser la misma: el control externo de la prensa siempre es la peor opción. No hay que irse a Venezuela ni retroceder a Velasco para comprobarlo. Hemos tenido experiencias más cercanas en el espacio-tiempo. Les dejo las palabras claves: Fujimori, chicha, ‘vladivideos’, canalazo. 

Como sea. SIN o Sinamos, da lo mismo cuál sea tu trauma, todo se resume en un aforismo al que los periodistas nos aferramos: “La mejor forma de regular la libertad de expresión es con más libertad de expresión”.

Si lo piensan bien tiene sentido. Los costos de implantar un control externo –en particular, gubernamental– de la prensa son mucho mayores que sus beneficios. Eso ya lo hemos vivido. Así que, la única salida es generar un ambiente de extrema libertad; en el que los excesos que se cometiesen en su nombre puedan ser rápidamente corregidos por aquellos afectados. Y así el sistema se autorregula.

Pero hay un pequeño problema. La parte de “más libertad de expresión”. Esa parte. La parte en la que los excesos son corregidos por el sistema mismo. Si hay un entorno en el que esa parte no solo no funciona sino que se ha convertido en una catástrofe social es en la televisión. 

El gobierno aprista tuvo la oportunidad de garantizar justo esa parte de más libertad de expresión con la llegada de la televisión digital. Pero la elección a dedo del sistema brasileño-japonés tuvo como consecuencia –ya lo señaló Juan Carlos Tafur– que el aprismo le terminara regalando cuatro frecuencias adicionales a las mismas empresas que administran la televisión de señal abierta desde hace décadas. Cada uno de esos nuevos canales digitales podría haber aportado millones al erario público de haberse realizado una licitación, pero no. En vez de abrir la cancha de la tele abierta, esta se cerró aun más. En su momento, un puñadito de nerds fracasamos en nuestro intento de alertar a la opinión pública que esto estaba sucediendo. Siete años después, la única ventaja de la llegada de la televisión digital al Perú es que podemos ver realities en HD.

Por todo esto es que resulta francamente excesivo el histérico cargamontón contra Mercedes Aráoz. La vicepresidenta tiene toda la razón cuando compara las concesiones del espectro radioeléctrico con las carreteras nacionales. Es como si los que administran los peajes sintieran que tienen un derecho adquirido a perpetuidad para administrar como les da la gana cada carretera. “Y si no te gusta, cambia de carril”. No, pues. Así no funciona. 

La Ley de Radio y Televisión no necesita ser modificada. Necesita cumplirse. Y eso no está ocurriendo. Si un gobierno decide hacer cumplir la ley, perfecto. La libertad de expresión no debe estar controlada por una fuerza externa: ni gobierno ni oligopolio.