Fernando Vivas

Si quieres hacer patria, no te vayas a los extremos. Varias de las respuestas a tus preguntas angustiosas son afirmativas, aunque se contradigan. ¿El vilipendiado tenía que sacar a a pesar de la revuelta que se armaría? ¿Se han excedido las fuerzas del orden? ¿Hay terroristas reciclados azuzando? ¿Es comprensible y legítima la protesta en el sur andino? Sí, sí, sí y sí.

El muy débil y precario gobierno de Dina Boluarte tiene que lidiar con todas estas afirmaciones: el Gobierno es legítimo porque sucedió a un presidente que montó un aparato de corrupción e ineficiencia que nos devoraba. Michael Reid, en una entrevista, me decía que, más que la corrupción, le preocupaba “la destrucción del Estado”. Cada día que pasaba de un gobierno que repartió cuotas ministeriales entre sus bancadas aliadas para que las tomaran sin plan de gobierno ni estándares de moralidad se corroía inexorablemente el bien público mayor. La cleptocracia cuotera empezó a arrinconar a la burocracia honrada en los ministerios ‘entregados’ por Castillo: MTC, Vivienda, Producción, Educación, Salud y Energía y Minas, para citar lo más vistoso y penoso.

Sin embargo, era previsible que el tercio nacional que aprobaba a Castillo enfurecería, salvo que se le asegurase una rápida transición. El error capital de Boluarte fue no afirmar su voluntad de irse desde su discurso de toma de mando. El Congreso correspondió a ese despropósito con uno propio: dio largas a la fijación de la fecha del adelanto. La indolencia de ambos poderes los hace corresponsables de varias muertes. Sí hubo excesos y sí hubo azuzadores criminales, pero las condiciones del estallido las sirvieron otros.

Buscamos señalar las responsabilidades penales de militares y policías que presuntamente mataron a 27 personas sin tomar todas las precauciones de reglamento y de los violentistas que supuestamente los empujaron a morir. Pero nada de esto pasaría si ambos poderes hubieran dado, apenas cayó Castillo, la respuesta política que más quería oír la gente arrebatada, en especial en el sur andino: una agenda expedita de su salida. La transición, pues.

La última respuesta es un sí rotundo. Claro que es legítimo protestar ante poderes que no quieren asumir que viven una transición. Lo que vemos es la inconfesable idea de que, si los militares ayudan a calmar a la gente, se pueden quedar hasta el 2026. Esa ilusión puede costar más vidas, más inestabilidad y más crisis. Que aún no haya fecha fija para la segunda votación del adelanto de elecciones es una mala señal con la que despedimos el año. Que Dina Boluarte esté pensando en dejarle el despacho presidencial a José Williams para poder viajar es otra señal de que no ve la dimensión de la crisis. La ceguera puede ser tan extrema como la protesta. ¡Luces para el 2023!

Fernando Vivas es columnista, cronista y redactor

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