Proteger los casos por encima de todo

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha dejado en claro en menos de un mes de haber asumido el cargo que no solo seguirá el criterio de su antecesor, Pablo Sánchez, respecto de que es posible investigar a un presidente en ejercicio, sino que no vacilará en abrir una nueva investigación penal contra el mandatario en caso de que la situación así lo amerite. Lo hemos visto la semana pasada, cuando abrió investigación por encubrimiento personal contra Pedro Castillo (a raíz de las declaraciones del exministro del Interior Mariano González) y por presunto tráfico de influencias en el Caso Petro-Perú (compra de biodiésel). Dos investigaciones que se suman a las tres que ya tenía en su legajo el jefe del Estado y que lo posicionan como el dueño del vergonzoso récord de ser el único presidente en nuestra historia republicana con tantas investigaciones fiscales en menos de un año.

Si bien es saludable para el país que ante las denuncias de corrupción que enfrenta quien supuestamente personifica a la Nación haya una respuesta inmediata de la cabeza del Ministerio Público, esto ya no es suficiente. El debate sobre si un presidente en funciones puede ser investigado ha pasado a un segundo plano (solo la defensa de Castillo dice que no es posible hacerlo, a diferencia del consenso que predomina en la comunidad jurídica). Ahora la discusión es otra y debe ser atendida con igual inmediatez.

Tan importante como haber decidido iniciar una investigación contra el mandatario (un hecho inédito en nuestra historia) es proteger las que ya han comenzado. Ya el juez Juan Carlos Checkley ha dicho que es posible realizar las investigaciones a nivel preliminar sin ningún problema (es muy probable que una segunda instancia resuelva en ese mismo sentido). Por lo tanto, la fiscalía hoy tiene todo el derecho de hacer lo que tenga a su alcance para impedir que el mandatario utilice su poder para obstruir lo trabajado.

Cuando me refiero a obstruir, quiero decir, por ejemplo, que se intente ya no solo desactivar al equipo especial de la policía que se ha creado para apoyar a la fiscalía (sería un escándalo y una demostración de autoinculpación del presidente si esto se realizara), sino también debilitarlos de una manera más sutil, como no darles presupuesto, personal o los recursos logísticos necesarios. También, que se emplee a funcionarios, agentes de Inteligencia o de la PNP para espiar, encubrir a los prófugos o amedrentar a quienes están llevando adelante los casos.

La ciudadanía tiene el derecho de saber si, en efecto, tenemos a un presidente en funciones corrupto y que lidera una organización criminal. Es responsabilidad de la fiscalía darnos esa respuesta y eso pasa necesariamente por cuidar la investigación, por proteger los casos por encima de todo.