Requisito: menor de 24 años, por Patricia del Río

Diciembre es un mes agobiante por múltiples razones. Villancicos, cohetones, papanoeles, panetones, bikinis, regalos, gastos, tráfico, más gastos, sol. A eso hay que sumarle, por supuesto, nuestra política nacional que suele ponerse especialmente folclórica. Esta vez el gobierno ha sacado una ley que busca fomentar el empleo entre los jóvenes de 18 a 24 años y que muchos han interpretado como un recorte de derechos fundamentales. En resumen y simplificando, ahora las empresas pueden contratar a chicos entre esas edades sin pagarles CTS, ni gratificaciones, ni utilidades y con vacaciones reducidas de un mes a quince días. Detalles más detalles menos, el objetivo es que contratar a un joven no salga tan caro para que los empresarios se animen a darles empleo y así reducir la desocupación y la informalidad que en ese grupo poblacional son las más altas. 

Esa en principio parece ser la intención del gobierno, pero, por lo que se puede leer en redes sociales, los jóvenes no se lo han tomado así. Se sienten estafados, les parece que el gobierno está premiando a los empresarios a costa de sus derechos y consideran que se les está dando trato de “cholo baratato” (sic). La inevitable pregunta es: ¿Esta nueva normativa está otorgándoles a los jóvenes derechos que no tenían o les está recortando aquellos de los que disfrutaban? ¿Es la ley del empleo juvenil una forma de contentar a los empresarios que sienten que este año han ganado menos millones? Hay demasiadas preguntas aún por contestar y para variar nos encajaron la iniciativa sin consultarle a nadie y ahora a la norma le toca navegar en aguas turbulentas que tal vez la hagan naufragar.

Particularmente, y sin tener del todo claros los alcances de la ley, creo que la iniciativa es buena y bienintencionada. Los jóvenes de 18 a 24 años no solo están en período formativo y pueden ser susceptibles de un trato diferenciado, sino que son el grupo humano más expuesto a abusos y explotaciones. Los chicos recién salidos del colegio y de las universidades están tan ávidos de conseguir empleo que aceptan puestos por propinas, se quedan más horas que el resto en la chamba y muchas veces se les hace sentir que ese puesto precario, informal, carente de ningún beneficio, es un favor que el empleador (¿explotador?) del momento les hace.

Con la discusión de esta ley, en cambio, están ocurriendo cosas muy importantes: los jóvenes están tomando conciencia de que tienen derechos laborales que deben ser respetados (al margen de cuál sea finalmente la ley que los ampare), el discurso sobre la calidad del empleo en el Perú se está sincerando y el debate está poniendo al descubierto a los oportunistas políticos de siempre: a los que hoy defienden a jóvenes cuando antes insultaban a profesores que defendían sus derechos (García), a los que un día están a favor de la ley y otro día piden que la deroguen (PPK) y aquellos que defienden a los jóvenes pero que hubo que obligarlos para que reconocieran a su propia hija adolescente (ese cuyo apellido empieza con To y termina con ledo).

La norma está promulgada y si esta vez el gobierno no quiere someterse al penoso escenario de dar marcha atrás por presión de la opinión pública, le toca persuadir, convencer, explicar, consensuar. Le toca hacer política, en serio. Ahora pues.