La paralización de obras y el lento avance en la reducción de la brecha de infraestructura en el Perú se deben en gran medida al diseño del proceso de contrataciones de las entidades públicas. Por ello, sin propuestas adecuadas de nuestros políticos, la prestación de servicios públicos continuará siendo inadecuada.
La reciente aprobación de la nueva Ley General de Contrataciones Públicas en el Congreso es una oportunidad crucial para abordar estos desafíos. Por un lado, al implementar el principio de “valor por dinero”, la calidad y no el precio será lo determinante para la selección del proveedor. Esto implica un cambio conductual positivo hacia la selección de opciones económicamente viables y sostenibles.
Otro punto favorable de esta ley es la importación jurídica de contratos estandarizados de ingeniería y construcción internacionales, como Fidic y NEC, sin necesidad de acuerdos entre gobiernos. Ahora se agilizará el proceso de contratación y a la par se garantizará el cumplimiento de lineamientos de calidad. Sin embargo, es crucial examinar si estos contratos se adaptarán al derecho local.
Además, se requerirá un esfuerzo considerable en la capacitación de los funcionarios. La familiarización con los nuevos estándares internacionales y la correcta aplicación del principio de “valor por dinero” son desafíos que demandan un aprendizaje continuo y especializado.
En este panorama, la correcta implementación de esta nueva ley transformará nuestras contrataciones públicas, asegurando que el presupuesto invertido se traduzca en infraestructura de calidad, promoviendo el desarrollo sostenible y el bienestar de todos los peruanos.
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