Agua para pocos: el saneamiento pendiente en el Perú

“Las obras de agua potable iniciadas por la Foundation Company han proseguido sin interrupción. [...] Las aguas llegan a los terrenos ayer eriazos y que mañana se convertirán en campos de producción y de trabajo”.

El 28 de julio de 1923, el presidente Augusto B. Leguía se dirigió ante el Congreso para dar el acostumbrado balance de su gestión. En su discurso, publicado en las páginas de El Comercio, Leguía destacó las obras de saneamiento que –dijo– había priorizado en los últimos tres años. Casi un siglo después, el agua todavía no llega a todos los peruanos.

—La peste que acechaba—
Entre 1857 y 1893, la Empresa del Agua (entidad estatal) se encargó del suministro para los 115 mil vecinos de Lima. Hasta 36 millones de litros al día se distribuían en Barrios Altos y el Rímac, aunque la calidad del agua era pésima. Recién en 1917, el alcalde capitalino Luis Miró Quesada de la Guerra inauguró la primera planta de cloración, que garantizaba su purificación. En las regiones, la realidad era otra: la falta de agua y alcantarillado causó el avance incontrolado de la peste. El gobierno tuvo que actuar.

—El agua, política de Estado—
En 1920, se promulgó la Ley 4126 para ejecutar obras sanitarias en Lima y 32 ciudades del país. Marcos Cueto, en su libro “El regreso de las epidemias”, explica que con la norma se autorizó un gasto de US$50 millones para construir desagües y sistemas de agua potable. Estos proyectos fueron encargados a la firma neoyorquina The Foundation Company.

El presidente Leguía ejecutó los proyectos a través del Ministerio de Fomento, apunta el historiador Juan Luis Orrego. “Él inició el verdadero saneamiento en el Perú como política estatal. Las ciudades del interior eran nidos de enfermedades, ya que no tenían alcantarillado y las aguas servidas recorrían las vías públicas”, dice.

Para tener cobertura universal en los próximos cinco años, se requerirá una inversión de S/53 mil millones.

En el 2016, el Estado asignó una partida de S/4,9 mil millones para los programas urbanos y rurales de saneamiento.

—Urbes con agua, campos secos—
Tras el oncenio de Leguía, continuaron las obras de agua potable en el país, pero se concentraron en las áreas urbanas. En 1956, el gobierno de Manuel Odría inauguró la planta de La Atarjea y se introdujeron las tuberías de concreto en Lima. En la misma época, se construyó la planta de tratamiento La Tomilla, en Arequipa, que se abastecía del río Chili.

En la década de 1960, la administración del servicio de agua y alcantarillado en las principales ciudades pasó a manos de empresas locales del Estado. Se crearon las corporaciones de saneamiento de Lima (que se convertiría en Sedapal en 1981), Arequipa y Trujillo, las cuales gestionarían el recurso en áreas urbanas.

Sin embargo, las zonas rurales no fueron priorizadas en aquellos años: hacia 1988, durante el primer gobierno de Alan García, el 78% de la población rural del Perú no tenía acceso al agua potable. Hoy, esta cifra se ha reducido a 31%, según el Banco Mundial. Somos los últimos de Latinoamérica en este rubro.

—Un discurso que se repite—
“En el 2021, año del bicentenario, todos los peruanos deberán tener acceso a agua potable de calidad y a desagüe las 24 horas”, dijo Pedro Pablo Kuczynski durante su primer discurso como presidente, el pasado 28 de julio. Agregó: “Pero tengo que ser realista, los programas de inversión pública toman tiempo. Si lo hacemos en siete años, será un gran logro”.

Actualmente, el 86,7% de peruanos cuenta con un suministro público de agua. El Ministerio de Vivienda calcula que, para lograr la cobertura universal en los próximos cinco años, se requerirá un presupuesto de S/53 mil millones. Es decir, el actual gobierno deberá invertir cerca de S/11 mil millones anuales para cerrar la brecha existente.

Una meta difícil de alcanzar si se tiene en cuenta que, en el 2016, el Estado asignó una partida de S/4,9 mil millones para los programas de saneamiento urbano y rural. El presidente Kuczynski tendrá que, por lo menos, duplicar este presupuesto. Solo así evitará que miles de peruanos aún dependan de cisternas, tanques en mal estado y pozos comunes a 200 años de habernos convertido en una república.

LA PROBLEMÁTICA DE LAS EPS
Modelo de gestión en la mira

Hay cincuenta empresas prestadoras de servicios (EPS) que brindan el suministro de agua potable y alcantarillado en el ámbito nacional, según la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass).

Estas empresas operan en áreas eminentemente urbanas: Sedapal en Lima, 48 EPS municipales en diversas ciudades del país y Aguas de Tumbes S.A., concesionada a privados. Entre ellas, brindan servicio a casi 19 millones de habitantes y administran tres millones de conexiones. Sin embargo, su modelo de gestión data de la década de 1960, cuando se crearon las primeras corporaciones locales de saneamiento.

De acuerdo con la iniciativa Diálogos de Política Pública, las EPS pierden el 64% del agua que producen, ya que su modelo administrativo ha colapsado por las injerencias políticas, la mala rotación del recurso humano y la débil supervisión.

Al 2021, recomendó que “las EPS deberían fusionarse para crear empresas regionales o macrorregionales”, y así evitar la atomización de los servicios de agua potable y alcantarillado en el Perú.

A través de un comunicado, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento explicó a El Comercio que se debe revisar el actual modelo de gestión, debido a que “funciona de manera deficiente, genera desperdicio de agua, sobrecostos, corrupción y no permite cumplir los objetivos de manera adecuada”.