:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/2KARKQCHCVBJ3OUBIPZPOLROPY.jpg)
El ex gobernador regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, ha admitido varias veces que cometió “errores” en sus gestiones, entre el 2007 y el 2014. También ha asegurado a las autoridades judiciales que no mandó matar a su principal opositor político, el consejero regional Ezequiel Nolasco Campos, asesinado en marzo del 2014.
Pero el Ministerio Público no le cree. Según la hipótesis fiscal, Álvarez –quien hoy cumple prisión preventiva en Piedras Gordas– ordenó el crimen para evitar que Nolasco divulgue presuntos actos de corrupción en el Gobierno Regional de Áncash.
Luego de tres años de investigación, el titular de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima, Jorge Chávez Cotrina, sustentó un pedido de 35 años de cárcel por homicidio calificado y asociación ilícita contra César Álvarez y otras 29 personas.
De acuerdo con el expediente fiscal 120-14, al que El Comercio tuvo acceso, el ex gobernador lideró una red delictiva que operó desde finales del 2009 hasta el 2014. Su objetivo, según testigos identificados con códigos, era eliminar a los opositores para continuar en el poder y obtener ‘diezmos’ (coimas) en obras públicas.
—Intentos fallidos—
Según la fiscalía, el plan para matar a Ezequiel Nolasco se gestó desde el 2009, pero recién se concretó en el 2014, tras dos intentos fallidos.
En el 2010, Nolasco era el primer consejero regional de Áncash (por el movimiento regional Cuenta Conmigo, liderado por César Álvarez). Nolasco se perfilaba como presidente regional interino, debido a que Álvarez había pedido licencia para comenzar su campaña de reelección y el vicepresidente regional, José Luis Sánchez, había fallecido desangrado a inicios de ese año tras recibir un disparo en la pierna.
Las discrepancias entre Álvarez y Nolasco eran notorias. El ex consejero estaba en contra, por ejemplo, de un paquete de obras valorizado en S/840 millones por el cual Álvarez, según la fiscalía, habría recibido pagos irregulares.
El 20 de julio del 2010, Ezequiel Nolasco y su hijastro, Roberto Torres Blas, fueron atacados en su casa ubicada en Nuevo Chimbote por dos sujetos vestidos de policías. Nolasco fue herido y Torres, de 24 años, falleció. Luego se supo que en el atentado participaron seis personas y que cobraron S/30 mil soles por el ‘encargo’.
Para la fiscalía, este primer atentado fue planificado por César Álvarez Aguilar, Luis Arroyo Rojas (ex alcalde de Chimbote), Víctor López Padilla y Modesto Mondragón Becerra, ex dirigentes de construcción civil, en un inmueble de Chimbote conocido como ‘La Centralita’, donde se reunía el entorno del entonces gobernador.
Casi dos años después, el 18 de junio del 2012, hubo otro intento de asesinato tras un altercado con miembros de construcción civil en Chimbote. Desde entonces, Nolasco responsabilizó a Álvarez de cualquier ataque en su contra.
—El día del asesinato—
Ezequiel Nolasco fue acribillado en un bar de Huaura el 14 de marzo del 2014. Él estaba acompañado por su abogado y su chofer.
La fiscalía ha denunciado por homicidio calificado a Christian Cruzate Pereda (sicario confeso), Rubén Moreno Olivo ‘Goro’, Jorge Loloy Valencia ‘Chino Malca’, Juan Garay Obregón ‘El Paisano’ y Jhonny Saavedra Acosta como coautores mediatos.
Jorge Loloy dijo a la fiscalía que Rubén Moreno fue el nexo con César Álvarez y Luis Arroyo para negociar el asesinato, y que les pagaron S/30 mil. El sicario Cristhian Cruzate también involucró al ex gobernador de Áncash.
Por su parte, el abogado de los deudos de Nolasco, Marco Sánchez, señala que según el reporte de llamadas telefónicas, el sicario ‘Goro’ se comunicó con Álvarez para que dé la orden de ejecutar el crimen.
–La defensa de Álvarez–
La abogada de César Álvarez, Jessica Arteaga, asegura que su defendido es inocente y “no existe prueba ni audio que lo vincule con este caso”, dijo a El Comercio.
El Poder Judicial revisó el viernes pasado el pedido de archivamiento por el delito de homicidio calificado contra cinco de los investigados: Víctor López Padilla, Modesto Mondragón Becerra, Moisés Pretell Pereda, Jorge Burgos Guanilo y Alberto Palacios Flores. No obstante, el fiscal Chávez también los ha acusado por asociación ilícita.
La sala escuchó a los abogados de los acusados, y reservó su veredicto, que será emitido dentro de cinco días. En la resolución se debe fijar la fecha del inicio del juicio oral. Más de tres años después, este sonado crimen podría por fin esclarecerse.
