Al menos 700 casos con indicios de delitos de corrupción cometidos durante las dos gestiones del ex presidente regional de Áncash, César Álvarez Aguilar (hoy preso por el Caso ‘La Centralita’), están estancados desde diciembre último en la fiscalía anticorrupción de la región y corren riesgo de ser archivados. Ello, debido a que el número de fiscales destinados a esta labor resulta insuficiente para iniciar las investigaciones, según refiere el titular de la Primera Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Áncash, Jorge Luis Temple.
Los casos están incluidos en el informe que presentó la comisión investigadora del Congreso, presidida por el congresista Mesías Guevara. Una de las conclusiones del grupo parlamentario que investigó los presuntos actos de corrupción durante la gestión de Álvarez fue que entre el 2007 y el 2014 el gobierno regional habría manipulado S/1.400 millones y había cobrado sobornos por otros S/748 millones.
Demandan más fiscales
El fiscal superior Jorge Luis Temple estimó que se necesitan 10 fiscales anticorrupción más. Explicó que actualmente los 20 magistrados contratados resultan insuficientes pues cada uno maneja más de 40 investigaciones.
Además, indicó que es urgente que la Fiscalía de la Nación contrate seis peritos más. Relató que un solo perito en la fiscalía anticorrupción está a cargo de casos de delitos de peculado, colusión, malversación a funcionarios por malos manejos en la ejecución de obras de la región y de otros municipios.
“Creo que con nuevas condiciones podrían culminar el trabajo de investigación en un año y hallar a los responsables”, dijo.
El congresista Mesías Guevara hizo un llamado para que las autoridades destinen los recursos necesarios.“Es preocupante que las investigaciones en un caso emblemático como el de Áncash estén estancadas. Urge implementar la fiscalía anticorrupción”, dijo el legislador.
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— Sociedad El Comercio (@sociedad_ECpe) 26 de marzo de 2016
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