Las Bambas: ¿cuál es el futuro que se configura para este conflicto social?

El conflicto social en el corredor hacia la minera MMG Las Bambas no solo implica un pliego de reclamos con la comunidad de Fuerabamba (Cotabambas, Apurímac). En el tiempo en que se ha extendido esta compleja situación, se han sumado también las demandas de las 38 comunidades del distrito de Challhuahuacho, también ubicado en la provincia de Cotabambas. La conflictividad empezó en agosto del año pasado, cuando Fuerabamba manifestó que se vulneró su propiedad privada en el fundo Yavi Yavi (Cusco).

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Este jueves, el primer ministro, Salvador Del Solar, tendrá una reunión con los representantes de las comunidades de Challhuahuacho, incluida Fuerabamba, para atender demandas como la implementación de convenios y renegociación de condiciones asumidas años anteriores. A la instalación de la mesa de diálogo también acudirán tres ministros de Estado, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez; y el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Miguel Cabrejos.

Iván Lanegra, ex viceministro de Interculturalidad; y Maritza Paredes, docente de Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), coinciden en que la solución a este conflicto no puede recaer únicamente en negociaciones o compensaciones económicas.

Lanegra dijo a El Comercio que en este día de reunión entre las comunidades, la empresa minera y el Ejecutivo deben darse también mensajes sobre qué sigue y cómo se evitarán situaciones similares en el mediano plazo. 

"Esto es habitual cuando todo se reduce a compensaciones económicas. Me parece que la agenda no puede limitarse a ello, tiene que ir más allá porque sino va a ser un incentivo permanente a que siempre ese tema de demandas económicas sea el eje de los conflictos", comentó.

De darse una inyección de recursos, estos deben transformarse en servicios públicos eficientes y alternativas de desarrollo para la población. "Si no se convierte ese dinero en desarrollo, va a haber problemas siempre", dijo Lanegra.

Específicamente sobre el panorama del conflicto con la comunidad de Fuerabamba, Lanegra opinó que si bien los acuerdos están encaminados y las posiciones entre los actores han reducido su distancia, la agenda no termina ahí. "Sería un error pensar que ahí acaba todo. Pensar así podría ser el germen de otros conflictos en el corto plazo. Hay que tener una mirada territorial", dijo.

En este mismo sentido, la docente Maritza Paredes sostiene que el conflicto "no es algo que aparece y dura dos meses. El conflicto está siempre porque cualquier cosa que haga la mina tendrá algunos impactos, y eso genera intereses distintos", comentó.

Paredes también indicó que esta compleja situación no se soluciona únicamente a partir de una negociación. "Es muy difícil pensar que a partir de esta negociación se haya solucionado todo el problema, sobre todo porque una de las cosas que ya ha salido es que la negociación ha sido con Fuerabamba, pero las comunidades implicadas en el proceso de transporte del corredor minero son muchas más. No es solo Fuerabamba. En cualquiera de estos conflictos con la minería, y el impacto de la mina, es más regional", comentó.

Además, opinó que el Gobierno no debería dar por solucionado un tema que requiere seguimiento y diálogo permanente. Para ello, se debe esbozar un mapa de actores y un plan de acción. Recalcó que no se puede negociar o dialogar solo en momentos de crisis. "El conflicto de Las Bambas es complejo y requiere una identificación de los especialistas sobre los actores", dijo.

"No es una cuestión de tomarse un avión, hacer una mesa de diálogo. Eso ayuda a salir del conflicto más álgido ahora, pero no necesariamente va a eliminar el conflicto social que es el más permanente y que es el que tiene que manejar. Hay que gestionar el conflicto y eso implica un plan de acción", comentó Paredes.

Finalmente, señaló que el Estado y la empresa "no han sabido manejar los cambios que les ha planteado el contexto internacional (de Xstrata a MMG). El Estado facilitó los cambios sin pensar en las consecuencias. El problema con el manejo ha venido de no tomar con seriedad las consecuencias".

-La acción de los asesores-

Aunque para Iván Lanegra es una correcta decisión que las comunidades tengan asesoría técnica, "el problema no es que hayan asesores, el problema es la calidad de los mismos", recalcó. Como se recuerda, a los anteriores asesores legales de la comunidad de Fuerabamba, los abogados Jorge y Frank Chávez Sotelo, así como Carlos Vargas Arizabal, se les acusa del delito de extorsión en agravio de Las Bambas, por lo que el Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva en su contra. Ellos permanecen recluidos en el penal de Cusco.

Según Lanegra, una vía para evitar este tipo de situaciones es que se ofrezcan servicios de buena calidad y que hayan instituciones capaces de ofrecer asesorías para atender las demandas de las comunidades.

"Hay un trabajo importante que involucra al Gobierno y a las autoridades de ofrecer servicios de buena calidad bajo otras condiciones. Es un espacio que no debe dejarse que lo cubran estos actores, y tenemos que hacer un esfuerzo porque otras instituciones que brindan asesoría técnica de mejor calidad sean las que estén disponibles para estas comunidades. Si la comunidad siente que nadie los ayuda, el Estado no les ofrece opciones y hay un conjunto de personas que parecen ser eficaces y brindan estos servicios, evidentemente las opciones son pocas. La clave está en dar una oferta diferente", comentó el ex viceministro de Interculturalidad.

Por su parte, Maritza Paredes también indica que estas asimetrías deben ser superadas desde el mismo Estado. "​El accionar de este tipo de asesores es terrible para las comunidades y lamentablemente siempre van a haber actores de este tipo tratando de aprovechar estos espacios de conflicto. El problema es que hay una gran asimetría entre la capacidad de las comunidades para negociar con el Estado y las empresas", comentó.

"El Estado tiene que tener una mayor capacidad de poder apoyar, sobre todo en zonas mineras, a la sociedad civil y comunidades a tener asesores válidos, legítimos, que de alguna manera cumplen con ciertas regulaciones. La necesidad está", finalizó la docente.

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