Aramayo defiende proyecto que beneficiaría a mineros ilegales

Luego de que El Comercio informara sobre el proyecto de ley 1095, que plantea excluir el delito de minería ilegal del marco de la Ley contra el Crimen Organizado, este Diario intentó comunicarse con la congresista Alejandra Aramayo (Fuerza Popular), quien presentó la propuesta. Pero no respondió.

La legisladora solo defendió su iniciativa a través del Twitter. “Los daños ambientales están tipificados en ese capítulo #delitosambientales, como corresponde se vea. No hay favorecimiento alguno”, escribió.

@lamula Los daños ambientales están tipificados en ese capítulo #delitosambientales, como corresponde se vea! no hay favorecimiento alguno.— Alejandra Aramayo (@AleAramayoGaona) 29 de abril de 2017

El proyecto plantea modificaciones en la Ley contra el Crimen Organizado y el Código Penal, con el fin de que quienes cometan el delito de minería ilegal no sean investigados o procesados como miembros de organizaciones criminales.La iniciativa argumenta que el endurecimiento de sanciones penales no resolverá el problema de la formalización minera.

El ex ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal y el director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Pedro Solano, coinciden en que la propuesta confunde criterios, debido a que la formalización minera involucra solo a mineros informales, mientras que el enfoque de crimen organizado se planteó para combatir todos los delitos de la minería ilegal, como corrupción de funcionarios, sicariato y trata de personas.

Sobre el proyecto, el ex viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente, Gabriel Quijandría, opinó que no existe ninguna justificación para anular la inclusión del delito de minería ilegal como crimen organizado.

"Lo que lograrían es impedir que la acción del gobierno actúe contra ese eslabón intermedio, que son los financistas y quienes tienen el poder económico para hacer posible que este negocio ilícito continúe", declaró Quijandría.

—Promesa de campaña—

El 29 de abril del 2016, durante la campaña electoral, Keiko Fujimori firmó un compromiso con mineros informales y ofreció un nuevo proceso de formalización si llegaba a la presidencia. Este acuerdo incluyó la promesa de derogar decretos (1100 y 1105, promulgados durante el gobierno de Humala) que, a su criterio, “obstaculizaban y criminalizaban” la minería informal.

El decreto legislativo 1244, que incluye al delito de minería ilegal dentro de la Ley Contra el Crimen Organizado, fue promulgado en octubre del 2016, durante este Gobierno.

—Opiniones—
El proyecto fue ingresado a la Comisión de Justicia del Congreso el 28 de marzo; lleva la firma de otros siete parlamentarios fujimoristas (Lucio Ávila, Luis Galarreta, Guillermo Martorell, Yesenia Ponce, Gilmer Trujillo, Juan Carlos Yuyes y Daniel Salaverry). Los ministerios del Ambiente, Interior y Justicia han evitado pronunciarse al respecto. Sus voceros indicaron que se emitirá una opinión cuando el Parlamento lo requiera.

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