Tía María: ¿Por qué denunciaron al gobernador regional Elmer Cáceres Llica?

El 15 de agosto pasado, cuando se celebraba el 479 aniversario de Arequipa, un grupo de manifestantes del Valle de Tambo que protestaban contra el proyecto minero Tía María se enfrentó contra la Policía Nacional durante el tradicional corso de la Amistad de la Ciudad Blanca.

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Ese mismo día, cansado del caos y violencia que generaban en la ciudad y la provincia de Islay las movilizaciones contra el proyecto, el abogado Marcial Carpio Talavera ingresó en la mesa de partes de la sede de Cerro Colorado del Ministerio Público una denuncia penal contra el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, por los delitos de resistencia y desobediencia a la autoridad; y por el delito contra la tranquilidad pública. El día anterior, el gobernador de Puno, Walter Aduviri, había sido sentenciado a seis años de prisión por cometer delitos similares durante el ‘aimarazo’ de 2011.

De acuerdo al denunciante, las protestas iniciadas hacía casi dos meses por la población de Islay contra el proyecto minero, luego de que el Ejecutivo otorgara en julio pasado la licencia de construcción a Southern Perú (este permiso está suspendido temporalmente), han sido “asumidas indebida e ilegítimamente por Cáceres Llica en desatención y desobediencia” a la autoridad del Gobierno central. Según la denuncia, el gobernador ha encabezado y dirigido personalmente las revueltas en el valle y fomentado la obstrucción de vías públicas.

El petitorio también menciona que la autoridad regional llegó a amenazar al presidente de la República, Martín Vizcarra, y a responsabilizarlo por los muertos que resulten de las protestas y enfrentamientos.

El 17 de julio pasado, durante una reunión con alcaldes distritales y provinciales, el gobernador de Arequipa le dijo al mandatario: “[…] Lo culpo de cualquier muerte u herido que pueda ocurrir porque la protesta ya se está dando”. Cabe mencionar que Cáceres Llica también llamó “traidor” al presidente Vizcarra después de que se diera a conocer que el Ejecutivo otorgó la licencia de construcción a la mina.

-Argumentos de denuncia-
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Carpio Talavera, de 75 años, dice que interpuso la denuncia como un acto cívico y sin intereses políticos. Además, porque considera que sus derechos y los de otros ciudadanos estaban siendo limitados por las protestas. Según el letrado, el gobernador es el “autor intelectual” de las movilizaciones.

“La participación de este señor es dolosa, mal intencionada y hasta subversiva. Como alguien que tiene una formación universitaria sabe la responsabilidad de un ciudadano ante la ley y conoce el estado de derecho. Además, en su calidad de autoridad está llamado a dar un buen ejemplo de civismo y comportamiento social, pero ha hecho lo contrario: ha ido al valle de Tambo a azuzar y enardecer a la población para que tome actitudes violentas y cierre calles y carreteras”, declaró el denunciante a El Comercio.

Niega tener vínculos con la minera o con partidos políticos. En su hoja de vida aparecen los siguientes datos: estudió Derecho en la Universidad Católica de Santa María de Arequipa y es socio del Estudio Jurídico Vicente Carpio Alcocer, que tiene oficinas en Lima y la Ciudad Blanca. En 1992, fue candidato para ser parlamentario del Congreso Constituyente por el partido Unión Nacional Odriista. Este año postuló sin éxito al proceso para integrar la Junta Nacional de Justicia.

-Investigación preliminar-

El miércoles la Fiscalía Penal Corporativa de Arequipa dispuso la apertura de una investigación preliminar contra Cáceres Llica, por los presuntos delitos contra la paz pública, en la modalidad de disturbios, y resistencia a la autoridad en agravio del Estado. Como parte de este proceso, el Ministerio Público ordenó tomar la manifestación de Carpio Talavera, en su calidad de denunciante.

Para la investigación, además, se solicitó el informe de la IX Región Policial sobre las intervenciones en manifestaciones o protestas violentas, así como las denuncias realizadas en la fiscalía que involucren al gobernador. El caso está a cargo de la Fiscalía Provincial Penal de Paucarpata, distrito en donde se encuentra la sede del gobierno regional.

Según el código penal, el delito de disturbios se sanciona con una pena de seis a ocho años de prisión. La resistencia o desobediencia a la autoridad tiene una sanción de seis meses a dos años de cárcel.

El presidente de la Junta de Fiscales de Arequipa, Franklin López, indicó que durante la investigación preliminar se determinará si hay indicios que ameriten pasar a la fase preparatoria de la investigación. Al llegar a esta etapa, el fiscal podrá decidir si hace la acusación ante el Poder Judicial o pide que se archive la causa.

“La investigación preliminar tendrá un plazo de 60 días, en los cuáles se citará en los próximos días al denunciante y al denunciado. También se notificará al procurador público del Ministerio de Interior para obtener más información”, dijo López.

El fiscal agregó que, bajo el nuevo código procesal penal, en un caso como este, el denunciado tiene el derecho a guardar silencio siempre y cuando lo manifieste explícitamente.

El Comercio se contactó con el área de prensa del Gobierno Regional de Arequipa para obtener los descargos de Cáceres Llica. Respondieron que el gobernador asumirá su defensa personalmente. Al cierre de esta edición, la autoridad no se había pronunciado sobre este caso.

-Otras denuncias-
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El pasado 23 de agosto, el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, fue denunciado penalmente por Southern Perú por abuso de autoridad. Esto porque anuló la resolución de derecho de servidumbre de 49 hectáreas del proyecto Tía María, entregada por la gestión regional anterior en julio de 2018.

Estos terrenos se encuentran en el sector de Pampa Cachendo, entre los distritos de Cocachacra y Mejía (Islay), dentro de la concesión de la minera. La entrega del derecho de servidumbre por 21 años le permitió a la empresa conseguir la autorización por parte del Ministerio de Energía y Minas para iniciar la construcción de la mina.

Sin embargo, de acuerdo a la denuncia, Cáceres Llica expidió la resolución ejecutiva regional 375-2019 GRA/GR, mediante la cual deja sin efecto el derecho contractual de la servidumbre. Esta decisión se tomó ante el pedido formulado por la Municipalidad de Deán Valdivia, el 4 de setiembre del año pasado.

Según la denuncia, esta acción se hizo con el “único objetivo de descalificar” el proyecto minero. Consideran que el accionar de la autoridad ha sido arbitrario y excesivo. Advierten que esta anulación podría generar que el gobierno regional pueda otorgar derecho a terceros sobre el terreno que comprende su concesión.

Esta denuncia ingresó a  la mesa de partes de las Fiscalías Provinciales Corporativas de Arequipa. Todavía no se ha abierto una investigación.

-Dirigentes procesados-

El 10 de setiembre próximo se instalará en la Corte Superior de Arequipa el juicio oral contra 16 dirigentes del Valle de Tambo, procesados por la comisión de los delitos de extorsión, asociación ilícita para delinquir, entorpecimiento de los servicios públicos y disturbios, presuntamente cometidos durante las protestas de 2015 en contra del proyecto minero Tía María.

Entre los procesados se encuentra el ex dirigente, Pepe Julio Gutiérrez, quien cumplió 33 meses de prisión preventiva por presunta extorsión y asociación ilícita para delinquir. Desde febrero de 2018, él sigue este proceso en libertad, con comparecencia restringida.

En mayo de 2015, en medio de la protesta contra Tía María, salieron a la luz unos audios de una conversación entre Gutiérrez y el abogado ambientalista Jesús Gómez Urquizo. El primero pedía un millón y medio de “lentejas” (dólares) a Southern Perú, a cambio de suspender las protestas.

También son procesados por este caso Jaime de la Cruz Gallegos (ex alcalde de Dean Valdivia), Jesús Cornejo Reynoso (presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo), Richard Ale Cruz (alcalde de Dean Valdivia) y Justo Paredes Torres.

El caso está a cargo del Primer Colegiado Supraprovincial penal de la Corte de Arequipa.

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