Tía María: todo lo que debe saber sobre la decisión clave del Consejo de Minería

Este martes, vence el plazo para que el Consejo de Minería, ente autónomo adscrito al Ministerio de Energía y Minas (Minem), emita una decisión respecto al proyecto minero Tía María, en Arequipa. Producto de esta expectativa, la población del Valle de Tambo radicalizó el fin de semana su protesta, que va en el día 106 de paro indefinido.

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Línea de tiempo

El Consejo de Minería deberá resolver hoy si proceden o no los tres recursos de revisión presentados contra la licencia de construcción entregada por la Dirección General de Minería (DGM) a Southern Perú. La licencia, a través de la Resolución N° 328-2019 del 8 de julio, autorizaba el inicio de la etapa de construcción de la concesión de beneficio en los distritos de Mejía y Cocachacra, en la provincia arequipeña de Islay.

Durante la audiencia oral o vista de causa, que se realizó el pasado 7 de octubre, cada una de las partes expuso sus razones sobre los recursos de revisión presentados. A partir de ese momento, tuvo un plazo de 15 días hábiles para emitir la resolución que resuelve el procedimiento.

Los recursos comprenden los presentados el 19 de julio por el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica; el del 23 de julio presentado por el Frente de Defensa de los Trabajadores y Accionistas Minoritarios de Central Azucarera Chucarapi Pampa Blanca S.A.; y el del 31 de julio, presentado por la Junta de Usuarios del Valle de Tambo.

El 25 de julio, el recurso presentado por Cáceres y el Frente de Defensa fue admitido a trámite por la DGM; mientras que el de la Junta de Usuarios fue admitido el 2 de agosto por esta misma instancia. Finalmente, el 7 de agosto los tres recursos fueron elevados por la DGM al Consejo de Minería.

Sin embargo, debido a la convulsión en la zona, el Consejo de Minería resolvió el 9 de agosto suspender la licencia de construcción otorgada a Southern Copper. La suspensión se hará efectiva durante un plazo máximo de 120 días.

Los recursos de revisión

El recurso de revisión se tramita en la vía administrativa y se puede presentar en un plazo de 15 días hábiles. Este recurso de impugnación se presenta al Minem y luego este lo eleva a la última instancia administrativa, que es el denominado Consejo de Minería.

Edgardo Portaro, socio del área de Recursos Naturales del Estudio García Sayán, explicó que el Consejo de Minería, al ser la última instancia administrativa del Minem, es el encargado de resolver todos los procedimientos que han sido impugnados a nivel del ministerio. Por ello, la carga procesal que tienen es considerable.

“En principio si se otorgó la licencia es porque todos los requisitos que establece la norma debieron cumplirse. Sin embargo, el Consejo de Minería luego de la revisión correspondiente podría, en el peor escenario, emitir una resolución que revoque dicha licencia”, explicó Portaro. El Consejo de Minería revisará el expediente y comprobará si se cumplieron los requisitos para el otorgamiento de la licencia para construir la planta de beneficio.

Respecto a los efectos de la decisión del Consejo de Minería, “siempre cabe ir al Poder Judicial, en lo que se llama una acción contencioso administrativa. Pero en esos casos lo que ocurre es que la acción judicial no suspende el efecto de la resolución administrativa”, añadió Portaro.

Los argumentos de los recursos de revisión

El oficio sostiene que la resolución tiene vicios de nulidad por los siguientes motivos:

► La ausencia de motivación suficiente para emitir la autorización de construcción.

► Se ha autorizado realizar la construcción en un “ecosistema frágil”.

► La autorización ha sido emitida sin que se hayan absuelto las observaciones señaladas en el informe que sustentó la resolución.

Uno de los argumentos del recurso de revisión radica en que la zona donde se ejecutará el proyecto Tía María-La Tapada tiene una sobreposición de un “ecosistema frágil”, denominado Lomas de Cachendo, que fue incorporado por el Ministerio de Agricultura (Minam) a través de Serfor. Según el Gobierno Regional de Arequipa, se trata de terrenos protegidos en donde no se pueden realizar actividades extractivas.

Este ecosistema tiene una extensión de 8.092 hectáreas, “de las cuales el proyecto minero pretende destruir más de 809 hectáreas”.

Respecto a la planta desalinizadora, el recurso del Gobierno Regional de Arequipa indica que esta no tiene autorización ni Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para el uso de agua de mar, y que tampoco cuenta con los terrenos para construir la planta.

Además, se indica que el proyecto Tía María-La Tapada se desarrollará en 1.190 hectáreas propiedad del Gobierno Regional de Arequipa. Pero, de esta extensión, la empresa no cuenta con la autorización de uso de terreno superficial, pero que sí existe una autorización de servidumbre de 49 hectáreas entregadas en la gestión 2015-2018. El gobernador de Arequipa anuló esta servidumbre este jueves.

En el caso de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, el abogado recordó que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicio de Proyectos (Unops) realizó 138 observaciones al primer estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto, por lo que este era “inviable”, ya que a la fecha no hay “otro órgano internacional que diga lo contrario”.

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