Del autogolpe al gran rescate, por Alfredo Torres

Abril es el mes de las letras y la creencia general es que un día como hoy, el 23 de abril de 1616, fallecieron Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. Por ese motivo, hoy se celebra el Día Mundial del Libro y el Día del Idioma en los países de habla hispana. Más prosaicamente, los fujimoristas podrían sostener también que abril es su mes: el 5 de abril de 1992 Alberto Fujimori llevó a cabo su autogolpe mediante el cual “disolvió” el Congreso de la República y el 22 de abril de 1997 ordenó al comando Chavín de Huántar el rescate de los rehenes de la casa del embajador del Japón. 

Los dos hechos de fuerza tuvieron inicialmente un amplio apoyo popular, aunque no exento de reservas. La disolución del Parlamento en 1992 tuvo el apoyo del 80% de la población, pero, al mismo tiempo, 84% apoyaba que se convoque elecciones parlamentarias anticipadas, es decir, pedían la pronta recuperación del sistema democrático. A su vez, la decisión de Fujimori de ordenar el rescate de los rehenes en 1997 fue apoyada por el 73% de la población, pero su comportamiento político posterior generó rechazo. La aprobación a la gestión de Fujimori como presidente cayó de 67% luego del rescate a fines de abril a 34% en junio. 

Veinticinco años después del autogolpe y 20 años después del rescate, ambos hechos han seguido una suerte diferente. El recuerdo del autogolpe divide a la población. De acuerdo con una encuesta reciente de Ipsos, 50% cree que fue una medida necesaria y 40% que no lo fue. La propia Keiko Fujimori ha sostenido que es un hecho irrepetible. En cambio, el rescate de los rehenes une a la ciudadanía, al punto que el Congreso ha declarado a los comandos Chavín de Huántar “héroes de la democracia” con el voto a favor de 95 congresistas de diferentes partidos y el voto en contra de solo 9 congresistas de la izquierda. 

Por lo general, las decisiones enérgicas de los gobernantes son percibidas como expresiones de liderazgo y despiertan el apoyo de la población. Ocurrió con Fujimori en 1992 y en 1997. En alguna medida hemos visto el mismo efecto recientemente con la recuperación de la imagen del presidente Kuczynski como consecuencia de su liderazgo frente a los desastres naturales. El problema es cuando se emplea esa energía para avasallar la democracia, como ocurrió en 1992 (o para desatar una guerra, como se ha visto tantas veces en la historia mundial). 

La imagen inicialmente favorable del autogolpe se vio reforzada con la captura de Abimael Guzmán en setiembre de 1992. El hecho de que el cabecilla de Sendero Luminoso fuese capturado por la Policía Nacional y no por los servicios de inteligencia militares es un detalle poco relevante para la mayor parte de la opinión pública. La consecuencia fue que la imagen de Fujimori quedó asociada a dos grandes victorias contra el terrorismo: Sendero Luminoso en 1992 y el MRTA en 1997. 

Un efecto colateral de estos hechos es que contribuyeron a reforzar las tendencias autoritarias en el Perú. La idea de la “mano dura” necesaria para gobernar el país se hizo más popular. Luego, el develamiento de la corrupción de los años noventa llevó a la ciudadanía a revalorar el sistema democrático. Ahora, sin embargo, la explosión de denuncias que se han formulado contra ex presidentes democráticos y otras autoridades y funcionarios de los últimos 15 años están debilitando esa convicción. 

Formalmente, la mayoría de los peruanos cree en la democracia. En una encuesta de Ipsos de este mes, 63% sostiene que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, mientras 17% se inclina por un gobierno autoritario y 13% declara que le da lo mismo. Sin embargo, la convicción democrática se debilita considerablemente cuando aparece la corrupción. Por ejemplo, 72% declara que aprobaría que se cierre nuevamente el Congreso de la República si se descubren altos niveles de corrupción. 

Para sostener el régimen democrático, el Gobierno y el Congreso deben ser especialmente enérgicos en combatir la corrupción en cualquiera de sus formas, tanto la que se viene descubriendo de regímenes anteriores como la que pueda aparecer por conductas pasadas o presentes en sus filas. La opinión pública espera que todo congresista o autoridad que se haya visto involucrado en actos de corrupción, así hayan prescrito, sea apartado de inmediato del ejercicio del poder. Solo así la ciudadanía recuperará la confianza en sus instituciones y en el futuro del país. Sería el mejor homenaje a nuestros héroes y el mejor antídoto para que no vuelvan a surgir movimientos demenciales como Sendero Luminoso y el MRTA.