Tres dosis obligatorias: ¿Nueva medida se contradice con otras acciones sanitarias del Gobierno?

En los próximos días, un decreto supremo exigirá que todo mayor de 18 años cuente con las tres dosis de la vacuna contra el COVID-19 para ingresar a establecimientos públicos y privados.

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Si bien esta medida puede suponer el incremento en la tasa de vacunación, que en los últimos meses sufrió una preocupante caída, especialistas consultados por El Comercio consideran que por sí sola es insuficiente, ya que es necesario que tenga acciones complementarias y forme parte de una estrategia amplia y sólida.

“No es que esta decisión sea mala, pero por sí sola no basta. Esta medida tiene que formar parte de un conglomerado de acciones. Antes de exigir la tercera dosis, se tiene la obligación de vacunar a las personas, de mejorar el sistema de vacunación y las condiciones en las que se lleva a cabo toda esta campaña”, opina Juan Villena, director del Departamento Académico de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Para Óscar Ugarte, exministro de Salud, con la obligatoriedad de la tercera dosis el Gobierno busca enmendar una falta que ha estado cometiendo desde febrero: no priorizar el esquema completo de vacunación.

“Un grave error [por parte del Gobierno] ha sido dar un mal mensaje sobre la vacunación. Debido a esto, las personas piensan que con dos dosis basta, y no es así. Los efectos protectores de la segunda dosis se vencen luego de tres o cuatro meses. Lo que está haciendo ahora el Estado es corregir ese error, con algo que es adecuado: exigir la tercera dosis”, opina Ugarte.

El especialista sostiene que esta medida positiva contradice las acciones previas que ha tomado el Ministerio de Salud (Minsa), como el cierre de vacunatorios, la reducción de las brigadas de salud, la disminución del presupuesto y el cierre de centros de atención temporal. Asimismo, recalca que está faltando, sobre todo, “información y una campaña intensiva para explicar a la gente que dos dosis no son suficientes”. “Si no hay ese mensaje de fondo, por más que amplíen los horarios de atención en los vacunatorios, la gente no irá. No tendremos los vacunatones que teníamos antes”, comenta.

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Respecto a si esta obligatoriedad afectará a los comercios y negocios, Juan José Calle, director de la Asociación de Centros Comerciales del Perú, señala que se tiene “toda la voluntad de apoyar al Gobierno en la vacunación”. Sin embargo, considera que se quiere relegar cierta responsabilidad al sector privado.

“Esta medida claramente busca acelerar el proceso de vacunación que ha tenido una ralentización enorme. Los centros comerciales hemos puesto a disposición centros de vacunación importantes en el país y por eso nos damos cuenta de que hay un declive severo en la aplicación de la tercera dosis. Esa intención es buena y la vamos a apoyar. Sin embargo, nuevamente se le está trasladando al privado el control de las personas: el Gobierno nos exija a nosotros el control de los carnets de vacunación al ingreso a los centros comerciales”, declara Calle.

Tanto Villena como Ugarte concuerdan que la pandemia de COVID-19 no ha finalizado. Prueba de ello es China, país que está experimentando una nueva oleada de rebrotes.

“El virus no respeta a nadie. Ya se detectó en el Perú la subvariante BA.2 de ómicron, que es 50% más contagiosa que la subvariante previa. El problema es serio”, puntualiza Ugarte.

Menos restricciones

Varios congresistas de la República, entre ellos Alejandro Cavero, enviaron una misiva al Gobierno para solicitar el levantamiento de la restricción del uso de mascarillas en espacios abiertos y la obligatoriedad de presentar el carnet de vacunación para ingresar a los diversos establecimientos.

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“El Perú debe ir en consonancia con la mayoría de países. Hoy en día tenemos alrededor del 76% de vacunación. Es mayor que el porcentaje que tiene, por ejemplo, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, incluso mayor que el que tiene EE.UU. Estos países no exigen el uso obligatorio de mascarillas al aire libre”, refiere Cavero a este Diario.

“El Perú, Pakistán, Bután, Nepal, Ghana, Myanmar, Georgia, Liberia, República Democrática del Congo y Panamá son los únicos países que mantienen la restricción total de uso de mascarillas al aire libre”, detalla el congresista.

Sobre el uso del carnet de vacunación para ingresar a espacios comerciales, Cavero indica que en los países desarrollados no se exige este tipo de documento para ingresar a locales donde se vendan productos de primera necesidad. “La tendencia es eliminar esa exigencia”, recalca el legislador.

Otra medida controversial

El ministro de Educación, Rosendo Serna, planteó eliminar el distanciamiento social de un metro en las aulas escolares y, por lo tanto, permitir que los colegios funcionen con un aforo del 100%.

Ana de Mendoza, representante de Unicef en el Perú, dijo que es una necesidad eliminar el distanciamiento social en las escuelas y conseguir que las aulas tengan un aforo completo.

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“El Perú es de los pocos países de la región que mantienen la restricción de distanciamiento de un metro [en los colegios]. Uruguay lo eliminó el año pasado, luego Argentina, Chile, Colombia. En ninguno de esos países se han dado brotes masivos de COVID-19. Es importante que todos los niños vuelvan lo antes posible a clases, de una forma normalizada”, comentó.

Para Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico del Perú, la propuesta no es adecuada todavía, ya que las tasas de vacunación contra el COVID-19 en niños siguen siendo muy bajas. “Solo el 31% de los niños de entre 5 y 11 años están vacunados con dos dosis. Sería un riesgo innecesario [el permitir el aforo al 100% en las aulas]”, dijo el especialista.

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