COVID-19: ¿cuáles son las demandas de la Defensoría del Pueblo al Ejecutivo para “reimpulsar” la vacunación?

La Defensoría del Pueblo presentó este miércoles los resultados del informe “Riesgos para la salud y la vida de las personas ante la falta de vacunación contra la COVID-19″, como resultado de una supervisión a nivel nacional. En este se alerta que más de 13 millones 122 mil personas mayores de 18 años no han recibido la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en el país.

Ante esta situación, Alicia Abanto, adjunta para la Administración Estatal de la entidad, mencionó en conferencia de prensa que el Gobierno debe “reimpulsar el proceso de vacunación con medidas innovadoras”, pues las anunciadas hasta ahora “no son suficientes”.

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Entre las principales demandas de la Defensoría al Gobierno Central, Abanto subrayó que el Ejecutivo, y no solo el Minsa, debe liderar una reacción multisectorial e intergubernamental para que toda la población cuente con las tres dosis.

Una medida planteada es la modificación del Decreto Supremo 016-2022-PCM para establecer dicha dosis de refuerzo como requisito para ingresar a locales cerrados y realizar trabajo presencial. Esto para todas las personas mayores de 18 años y no solo a partir de 40 años.

“El gobierno debe cambiar el discurso triunfalista por uno realista y salir de la negación”, también señaló Abanto.

Asimismo, indicó la necesidad de impulsar una campaña de comunicación “sincera y realista” sobre los riesgos por la falta de vacunación de millones de personas.

Al respecto, se sugiere “cambiar la forma de presentar los datos y la publicidad estatal para promover la inmunización con tres dosis”. También plantean en esa línea la categorización del riesgo de los distritos, en función de la brecha de protección por falta de inmunización.

La Defensoría del Pueblo considera que el gobierno también debe sincerar la situación de las vacunas que ya se han vencido y de aquellas que están próximas a vencerse, y “poner en marcha un plan de contingencia para evitar pérdidas de vacunas” por caducidad.

Eliminación de beneficios

La entidad demanda modificar normas laborales para propiciar la vacunación. Por ejemplo: la contratación anual de maestros debe estar condicionada a la vacunación completa.

Asimismo, eliminar el beneficio de la licencia con goce de haber al trabajador público no vacunado, en el caso de que sus labores no sean compatibles con el trabajo remoto.

También se plantea establecer por norma que la presencialidad de los estudios universitarios y técnico superiores vaya de la mano con la aplicación de la tercera dosis.

Otras propuestas son incentivos presupuestales para los gobiernos regionales y locales que muestren gestión eficiente de recursos para favorecer la cobertura de la vacunación en general, y ampliar el presupuesto y el personal de salud para la vacunación.

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Cifras del retroceso en la vacunación

La Defensoría también mostró el retroceso de la inmunización contra la COVID-19, de acuerdo a la base de datos Reunis del Minsa:

- Hay un descenso de las dosis aplicadas en enero y febrero diariamente, de 209.590 y 203.952 respectivamente, a 133.351 dosis por día en marzo, lo que representa 35% menos respecto a febrero.

- Hay una disminución en la aplicación de la tercera dosis en los últimos tres meses: en enero fueron 3 millones 969 mil, en febrero 2 millones 516 mil, mientras que en marzo solo 1 millón 185 mil (hasta el día 21).

- Sobre personas sin protección por falta de vacuna, la Defensoría encontró que 4 millones 283 mil no han recibido ninguna dosis (representa un 13% en riesgo muy alto), 7 millones 118 mil no ha recibido la segunda dosis (representan un 21.7% de riesgo muy alto) y 13 millones 122 mil no tiene la tercera dosis de refuerzo, es decir, 52.56% en riesgo alto.

Las regiones de Amazonas y Madre de Dios no llegan ni al 70% de personas con una dosis.

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