La Defensoría del Pueblo informó que en periodo comprendido entre marzo del 2006 y mayo del 2018 fallecieron 279 personas y otras 4.816 fueron reportadas como heridos a causa de medidas de fuerza y actos violentos surgidos en conflictos sociales en todo el país.
De acuerdo al "Documento de análisis de la conflictividad social. N°1, julio, agosto, setiembre del 2018", la mayor cantidad de víctimas fueron reportadas en el paro amazónico de Bagua y Utcubamba, ocurrido en el 2009, con 33 fallecidos. En tanto los conflictos de Conga (2011), Tía María (2015), el "Aymarazo" (2011) y Majaz (2006) reportaron en conjunto 23 muertes.
Recuento
El sistema de monitoreo de dicha institución señala que la cifra más alta de conflictos se registró en el 2010, con 362 casos acumulados. Los años posteriores mostraron una tendencia hacia la disminución hasta llegar a 256 casos durante el 2017. De estos, 168 fueron de carácter socio ambiental y, dentro de este grupo, 106 estuvieron vinculados con la actividad minera.
Las regiones que presentan un mayor número de casos son Áncash, Apurímac, Cusco, Puno y Loreto, que registran el mayor número de conflictos desde enero del 2016 hasta agosto de este año y actualmente concentran el 41% de los casos a nivel nacional
Manejo de conflictos
De otro lado, la Defensoría señaló que solo siete de los 26 gobiernos regionales cuentan con oficinas de gestión de conflictos creadas y en funcionamiento, lo que representa "un retraso en la búsqueda de solución inmediata a los conflictos con que cuentan estas regiones".
Según el último reporte de conflictos sociales, existen 27 conflictos por asuntos de gobierno regional y local, cifra que representa el 13% del total. Sin embargo, el organismo advierte la existencia de algunos conflictos por "asuntos del gobierno nacional", vinculados a la mediana y gran minería, que se desarrollan en sus jurisdicciones y requieren de su intervención.