El delincuente común, por Santiago Roncagliolo

¿Liberaría usted a un homicida condenado? ¿Y a un ladrón? ¿A un secuestrador, quizá, o a un corrupto? ¿Y le parecería lógico aprobar una ley en el Parlamento de la República con ese único fin?

Si la respuesta es no, debe estar en desacuerdo con pasar al ex presidente Alberto Fujimori a arresto domiciliario, una posibilidad que el gobierno peruano ha dejado caer esta semana. Porque esos precisamente son los cargos que pesan sobre Fujimori.

El homicidio con alevosía lo cometió ese escuadrón de la muerte llamado grupo Colina en dos ocasiones, ambas múltiples. En la Universidad La Cantuta, secuestraron a un grupo de estudiantes, los ejecutaron y enterraron sus restos. En Barrios Altos, ingresaron en una fiesta a sangre y fuego. Entre los muertos, figura un niño. Si ese niño o uno de esos estudiantes fuese su hijo, ¿le parecería a usted bien soltar al hombre que ordenó las matanzas? Es lo que hizo Alberto Fujimori, según el tribunal que lo condenó. 

Lo mismo puede decirse de los cargos de secuestro, contra el periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer. O del robo de US$15 millones a las arcas públicas para entregárselos a Vladimiro Montesinos. O del de los fondos destinados a sobornar congresistas opositores. Los cargos que pesan contra el presidente no son políticos, de opinión, ni siquiera de mala administración sospechosa: se trata de delitos comunes. Y en el caso del robo, las víctimas fueron usted y todos los que pagan impuestos en nuestro país. Ese dinero era propiedad de todos los peruanos que no pueden cobrar por mentir. De los que no reciben compensaciones por tiempo de servicios fraudulentas. Y millonarias.

Según sus defensores en PPK, el cambio de régimen del reo es necesario para garantizar la gobernabilidad del país. La mayoritaria bancada fujimorista hará más fácil la legislatura si se le concede ese detallito. La sola idea implica elevar el chantaje a la categoría de principio político. Y convertir el nepotismo de los líderes de un partido en interés nacional. Los parlamentos están para negociar medidas políticas, no privilegios familiares.

En Fuerza Popular defienden la medida –o más aún, el indulto completo– basados en los méritos del condenado. Consideran que las cosas que hizo bien pesan más que sus excesos. No hace falta ni siquiera negarlo. Seguramente hasta Pinochet o Videla hicieron cosas bien. Es perfectamente compatible darles las gracias por ellas y luego llevarlos ante un tribunal por sus delitos. Si eres un gran padre de familia, o un brillante profesional, y un día robas un banco, vas a la cárcel. Los éxitos personales y profesionales no se restan de las condenas penales.

El Perú ha dado un ejemplo internacional de primer orden al ser capaz de imponer la ley sobre las bajas pasiones políticas. En nuestro país, como en pocos, están presos los cabecillas subversivos, pero también militares, ministros y un presidente. Porque la ley debe ser igual para todos. No nos importa por qué matas, o las buenas razones que tienes para robar. Nos parece mal que mates o robes.

Por supuesto, en el partido de un tipo que defiende que leer produce Alzheimer, demasiados quieren evitar que nos informemos. Pretenden convencernos de que la condena contra Fujimori es una confabulación debida al odio de sus enemigos. Pero ese señor está preso por cometer crímenes. Punto. Y todos queremos un país donde no te libres de la justicia por tener familiares congresistas.