Líderes y lideresas de pueblos indígenas, comunidades campesinas, la sociedad civil y organizaciones ambientales de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Perú y República Dominicana se reunieron en Lima para participar del foro público “Extractivismo, crisis climática y corporaciones: territorios en resistencia”, que se realizó este viernes 12 de mayo, espacio que buscó articular las luchas y las demandas de las poblaciones afectadas por la actividad extractiva.
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Durante el evento, los y las participantes compartieron sus experiencias y realidades, las amenazas que afrontan día a día y las estrategias para establecer mecanismos que acaben con la impunidad que recubre al poder corporativo. En ese sentido, al final del encuentro, se hizo un llamado a las empresas y corporaciones, muchas de ellas multinacionales, así como al Estado, a remediar los daños causados a la vida, al territorio y al ambiente.
El pescador artesanal Elizar Medina Chávez, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales Orilleros Costa Azul de Ventanilla (APAOCAV), destacó en su exposición que el problema de la contaminación generada por las empresas extractivas es un asunto no solo local, “sino regional y mundial”; y recordó que el desastre ocurrido en Ventanilla, en enero del 2022, no ha sido el único. Sostuvo que desde 1996, cuando Repsol asumió como operadora de la Refinería La Pampilla, “hubo derrames en 2017; en 2013, el más grave; en 2011; y en años anteriores”.
En esa línea, señaló que la lucha por el derecho a tener un ambiente limpio pasa también por buscar el bienestar de las generaciones futuras, criticando a la vez la falta de apoyo y de medidas por parte del Estado peruano. “El Estado parece estar de espaldas hacia nosotros. Es una constante en todos los países”, advirtió el dirigente, quien añadió que su organización viene trabajando en proyectos relacionados al cultivo de algas para mitigar la contaminación del mar.
A su turno, Silvana Ceballos, de la Red de Superación del Modelo Forestal de Chile, cuestionó el modelo de monocultivos forestales, ya que por un lado se muestra como “una industria verde, ecológica, sostenible, sustentable”, pero al mismo tiempo genera “una serie de impactos ambientales y sociales”, tal como la pérdida de biodiversidad, contaminación del suelo, disminución de potencial hídrico en cuencas, riesgo de incendios de grandes magnitudes, desplazamiento de comunidades campesinas y condiciones laborales indignas.
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“El eucalipto y el pino son especies de árboles altamente inflamables y arden a menor temperatura y más rápido. Generan incendios más grandes en comparación con las especies de un bosque nativo. La industria forestal concentra una de las especies más inflamables del mundo en un espacio pequeño. En febrero de este año, hubo un mega incendio en Chile. Se quemaron 400 mil hectáreas, casi una región entera y la mitad de otra. Cinco comunidades perdieron, en promedio, el 40% de su territorio”, manifestó.
Por su parte, durante su presentación, Norka Pareja, representante de Fuerza de Mujeres Wayuu, colectivo indígena del departamento colombiano La Guajira, denunció que la explotación, desde hace 40 años, de la mina de carbón El Cerrejón, la más grande de su tipo en América Latina y operada por una multinacional, “ha causado el desplazamiento y la desaparición de muchas comunidades indígenas y afrodescendientes”.