La protesta en la comunidad de Saramurillo (Loreto) terminó, 117 días después de iniciada, con la firma de un acta entre el equipo del Ejecutivo encabezado por el ministro de la Producción, Bruno Giuffra, y los líderes y dirigentes de las comunidades de las cuencas de los ríos Tigre, Pastaza, Marañón, Corrientes y Chambira.
“Es un hito histórico que el gobierno se haya comprometido a entender y escuchar la dinámica de los pueblos indígenas”, dijo el ministro Giuffra en un comunicado.
–Matriz de compromisos–
El acta, resultado de meses de marchas y contramarchas, y firmada en el segundo día de esta nueva ronda de negociaciones, incluye consensos en torno a los siete puntos de la plataforma de protesta, entre ellos el mejoramiento de la estructura del Oleoducto Norperuano, la compensación por los derrames y la remediación por contaminación petrolera.
Además, el gobierno se compromete a garantizar que la empresa Pluspetrol Norte entregue en el 2019 (cinco años antes del vencimiento del contrato de operación en el lote 8), el plan de abandono, con el que acreditan dejar la zona en buenas condiciones.
De otro lado, el Ministerio de Energía y Minas se comprometió a iniciar en el 2017 la remediación ambiental de los lugares impactados por la exploración y explotación petrolera, y a plantear una propuesta de ley de monitoreo ambiental.
Días atrás, James Rodríguez, presidente de la Asociación de Comunidades Nativas Kukama-Kukamiria de Urarinas (Aconakku), había comentado que la remediación es una de las demandas más urgentes debido al impacto de los últimos derrames. En el año se han registrado al menos 10 vertimientos de crudo. Parinari y Urarinas son dos de las localidades más afectadas.
Del documento se desprenden, además, compromisos referidos a la seguridad en el transporte fluvial del petróleo, a la posibilidad de someter a consulta previa los instrumentos de gestión ambiental y al impulso de un esquema de desarrollo productivo que no dependa solo del petróleo.
Los acuerdos ratifican la decisión previa de que el gobierno contrate una empresa internacional para evaluar el estado real del oleoducto y los ductos de las baterías del lote 8 y lote 192, con la participación de 10 representantes indígenas. Otros temas, como el pago de la servidumbre por el oleoducto o la titulación de tierras de las comunidades, han quedado pendientes para futuras conversaciones.
–PCM evalúa viaje–
José Antonio Caro, representante de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS), confirmó que el documento fue remitido al presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, quien tendrá que ratificar en la zona los convenios, de acuerdo a un compromiso previo. La fecha propuesta del viaje es este lunes 19.
Patricia Balbuena, ex viceministra de Interculturalidad, saludó los acuerdos, pero indicó que ahora son necesarias medidas concretas para hacerlos sostenibles. “Todos estos acuerdos van a tomar tiempo, ahora tienen que proponer un programa de compensación para la población”, dijo.