Los 10 gobernadores regionales más investigados aún no ejecutan S/4.150 millones en obras

Las 10 regiones cuyos gobernadores tienen un alto nivel de denuncias acumuladas en fiscalía aún no gastan S/4.150 millones programados este año para obras en sus regiones. Esta cifra representa el 46% de los recursos totales que no han sido invertidos en este nivel de gobierno (S/9.091 millones).

Ese grupo está conformado por Pasco, Loreto, Apurímac, Piura, Junín, Ayacucho, Huánuco, Ica, Lima Provincias y La Libertad. Según un informe publicado el 12 de agosto por el Centro Líber, los gobernadores de estas jurisdicciones tienen cada uno al menos 27 expedientes fiscales activos. Las autoridades de Loreto y Pasco encabezan la lista con más de 60 investigaciones.

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Las administraciones mencionadas representan en conjunto casi el 40% de todas las investigaciones que afrontan las autoridades regionales, así como del perjuicio económico producto de la corrupción e inconducta funcional estimado por la contraloría, sin contar Lima Metropolitana (S/12.729 millones). A cuatro meses para culminar el año, su avance conjunto en proyectos apenas supera el 31% del total de sus recursos disponibles para este año.

El escenario muestra contrastes entre regiones. En Ica y La Libertad, que durante el 2021 reportaron los montos más altos en pérdidas por corrupción dentro de este grupo según un informe de la Contraloría, los gobiernos regionales han invertido menos de la tercera parte de su presupuesto de inversión. Sin embargo, la parálisis casi completa del gasto en proyectos a nivel subnacional se evidencia en Huánuco, que registra el avance más lento en este rubro, con solo el 12% hacia fines de agosto. A mediados de julio, la gerencia general de la región admitió públicamente que la corrupción ha sido uno de los factores claves en la baja ejecución presupuestal.

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Entre las obras con supuestas irregularidades que vienen siendo analizadas por la Contraloría en Loreto figuran la compra de pulsioxímetros que incumplían especificaciones técnicas durante la pandemia o el almacenamiento de productos médicos vencidos. En ambas actividades se estima un perjuicio económico que supera los S/855 mil. En tanto, en Huánuco sobresalen la compra cuestionada de laptops y bonificaciones irregulares otorgadas a funcionarios durante la pandemia [ver cuadro].

¿Qué medidas deberían implementarse para atacar de forma más eficiente a la corrupción en instancias subnacionales? Para Eduardo Herrera, director Ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción (CPA), el origen del problema se da en el escaso control real sobre los gobernadores regionales, así como en la ausencia de instancias que les comuniquen directamente si una obra es viable o que controlen directamente su gasto. Añade que existe la ausencia de una aproximación exacta para la medición o cuantificación de la corrupción.

“Para determinar el costo de una obra inconclusa o que ha sido objeto de una coima tienes que hablar de una sentencia, porque te fija un monto de reparación civil más o menos objetivo. Hay varios costos asociados que no creo sean fáciles de determinar. Lo segundo es que hay una confusión entre lo que es ineficiencia y corrupción. Hay obras que no terminan siendo hechas porque estuvieron mal diseñadas, eso no implica que sea corrupción necesariamente”, explica.

El especialista remarca que existen aspectos subyacentes que determinan la corrupción y que se dan principalmente en las actividades de financiamiento de los candidatos tanto en partidos como en movimientos regionales.

“Un candidato tiene tres posibilidades: o es un idealista que postula solo y ‘mendiga’ fondos, o es el ‘empresario’ que tiene poder económico y postula con sus recursos, y hay un tercer caso que es el mayoritario, del político que pide ‘inversionistas’. Ahí empiezas a ver cómo se financian las campañas. Las personas que financian son las que le dicen que tome la plata y cuando gane se la devuelva con obras”, añade.