Minería ilegal: los tropiezos legales en La Pampa | [INFORME]

El tráfico de combustible es la única opción que tienen los mineros ilegales de La Pampa para prender sus máquinas y sacar oro de la selva de Madre de Dios. Sin petróleo no tendrían forma seguir operando. Su principal centro de acopio y distribución de combustible habría funcionado a la altura del kilómetro 134,5 de la carretera Interoceánica Sur, en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata. La Policía Nacional descubrió este lugar el pasado 12 de julio, en medio de una operación nocturna.

El caso daba pistas sobre cómo los mineros ilegales logran burlar el control de las autoridades para conseguir combustible a través de una presunta organización criminal denominada Los Petroleros de La Pampa. Sin embargo, según el informe N° 31-2019 de la Dirección de Medio Ambiente de la policía, remitido el mes pasado a la Fiscalía de la Nación y a la Fiscalía Suprema de Control Interno, esta investigación se habría puesto en riesgo por una decisión de los fiscales Rodolfo Mancilla Gonzales y Herbert Vilca Achahui.

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—Operación clave—
La noche del 12 de julio, patrullas al mando del comandante PNP Jorge Luis Álvarez Salvador hallaron dos camiones-cisterna de placa boliviana de los que se estaba sacando combustible. Estos vehículos de las empresas bolivianas Transpomoto y Bolivian Tankers S.R.L., cada uno con capacidad para 8 mil galones de petróleo, tenían como destino las ciudades de Assis (Brasil) y Cobija (Bolivia), pero se desviaron en su paso por Madre de Dios.

A 90 metros de la Interoceánica, en una explanada, la policía descubrió que de estos tractocamiones se estaba sacando combustible con ayuda de bombas manuales y mangueras. Cerca de los camiones había, además, 800 galones de petróleo repartidos en bidones de 15 y 54 galones. Según el coronel PNP Luis Guillén Polo, esta intervención “cortó la cadena de suministro de petróleo” en La Pampa.

Esa noche se detuvo a los bolivianos Jesús Choque Márquez (41), Eleuterio Marca Condori (33) y Hernán Chipana Tito (53). Junto a ellos, cayó el peruano Nilton Fuentes Quispe (27), quien confesó que los bidones se vendían a los mineros.

El peruano esperaba que caiga la tarde para comprar combustible a transportistas bolivianos y peruanos. Pagaba S/500 por cada bidón de 54 galones. Luego, en una miniván, transportaba los barriles hasta el kilómetro 108 de la Interoceánica Sur. Ahí, motocargueros que se internan en La Pampa le compraban cada bidón de 54 galones a S/560. No era la primera vez que lo hacía. A sus clientes los identificó con los apelativos de ‘Chino’, ‘Negro’, ‘Gato’ y ‘Crespo’.

—Decisión fiscal—
El caso lo tomó el fiscal Rodolfo Mancilla Gonzales, uno de los profesionales designados por la Fiscalía de la Nación para investigar y abocarse a las labores de interdicción en el marco de la operación Mercurio, que ha logrado desplazar a más del 90% de mineros ilegales desde febrero del 2019 .

Dos días después de la captura, la policía remitió su investigación al despacho del fiscal Mancilla y los detenidos pasaron a la carceleta del Poder Judicial. Esto fue a las 9:30 p.m. del 14 de julio. La hora es importante.

Como lo señala el informe de la PNP, ocho minutos después, a las 9:38 de la noche, el fiscal Herbert Vilca Achahui ya tenía lista la formalización de la denuncia contra los cuatro detenidos. En este documento, Vilca –citando a Mancilla como fiscal del caso– los acusó por tráfico ilícito de insumos para la minería ilegal (de tres a seis años de cárcel), pero no por crimen organizado (de 15 a 35 años), como planteaba la policía. Vilca los liberó bajo comparecencia restringida.

Según el informe de la Dirección de Medio Ambiente de la policía, en este caso hubo “una mala praxis de la función fiscal” y se señaló que hay fiscales de Madre de Dios que tienen presuntos vínculos con Jimmy Herrera Guerrero, abogado que trabajó como asistente en el Ministerio Público y ahora es defensor de los cuatro detenidos.

El fiscal Vilca Achahui explicó que el caso se lo entregaron provisionalmente horas antes de vencer la detención de 48 horas y que las diligencias preliminares estuvieron a cargo del fiscal Mancilla. “No conozco el caso al detalle”, dijo pese a que él fue quien formalizó la denuncia.

Luis Casaverde, procurador público del Ministerio del Interior, solicitó formalmente el pasado 23 de julio que la fiscalía amplíe esta investigación por el delito de crimen organizado.

Los fiscales Mancilla y Vilca han sido apartados de esta investigación y la asumió Karina Garay, fiscal coordinadora de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios, quien este 15 de agosto se presentará ante el juez que evaluará la situación legal de los presuntos traficantes.