Miriam Ponce, nueva ministra de Educación: ¿cuál es su perfil y cuáles son los principales retos de su gestión?

Ayer por la tarde se esperaba que la ex ministra Márquez acuda al Parlamento para conversar con las diversas bancadas y retroceder el dictamen aprobado en el pleno el pasado jueves con 111 votos a favor, según indicó el Ministerio de Educación (Minedu). Sin embargo, pasadas algunas horas, Márquez no llegó. Durante los últimos días, la ex ministra se había pronunciado firmemente en contra de la medida parlamentaria indicando que debilitaba la meritocracia docente. Por la noche, se conoció que el premier Otárola había pedido su renuncia.

“Debe haber habido mucha presión y es obvio que la decisión que ella tomó, de continuar con este tema de la meritocracia, debe haber pesado bastante”, dijo el ex ministro de Educación, Juan Cadillo. Añadió que “el tema es complejo, es un tema político de supervivencia. Hay una presión fuerte del Congreso y pareciera que muestran una alianza [con Dina Boluarte y Alberto Otárola]”.

Especialistas consultados por este Diario coinciden en que durante los últimos años, el Congreso ha tenido diversas iniciativas que atentan contra la calidad educativa. Un ejemplo es el polémico dictamen antes mencionado que pretende reinsertar a 14 mil docentes sin necesidad de ser evaluados a la carrera pública magisterial (PL 00761/2021-CR). Otro es el PL que autoriza el nombramiento automático de docentes contratados aprobado por el Congreso hace unos meses (PL 01587/2021-CR). Ambos han sido criticados por el Minedu y especialistas, aunque aprobados por el Congreso y exonerados de segunda votación. Expertos indican que esto atenta de manera directa contra la meritocracia y el resguardo a la educación pública.

En cuanto a educación superior la situación es similar. En julio de este año el Congreso publicó la Ley 31520 que restablece la autonomía e institucionalidad de las universidades peruanas o, como la llaman los especialistas, la contra reforma universitaria; pues busca modificar la Ley Universitaria y debilitar su rol, así como el de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Pero esta no es la única, el primero de setiembre, el presidente de la Comisión de Educación del Congreso, José María Balcázar, presentó el PL 05805/2023-CR que permitiría hacer permanente e indefinido el licenciamiento de universidades públicas y privadas, algo que actualmente se hace periódicamente.

PUEDES LEER: Profesores ‘bamba’: ¿Cuáles son las regiones con más casos de docentes que presentaron títulos falsos?

Jorge Mori, director del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior (Cappes), explicó que la nueva ministra se tendrá que enfrentar a un Congreso que viene intentando golpear la educación en general y en especial la universitaria con la aprobación de la ley contra la reforma universitaria, la propuesta masiva de creación universidades públicas y, ahora, este último proyecto de licenciamiento.

Para el ex ministro Cadillo, uno de los mayores retos que tiene la ministra Ponce es continuar con la protección de la meritocracia docente. “Es necesario mantener una agenda, la ministra debe mantener esa línea”, declaró. Además, indicó que en esta gestión se debe apostar por recuperar los aprendizajes y mejorar el rendimiento académico escolar, preparar a los maestros y seguir fortaleciendo la educación virtual como herramienta.

El proyecto de Balcázar permitirá que una vez que una universidad esté licenciada no pierda esta calidad, lo cual según expertos abre una puerta a la informalidad y a que algunas instituciones no cumplan con la calidad que hoy exige la Sunedu.

Ante esto, Mori dijo que “en términos generales, el Congreso está en guerra con la calidad universitaria”. Agregó, que el licenciamiento existe para que las universidades no estafen y cumplan con las condiciones básicas de calidad. Es por eso que los centros de estudios deben ser evaluados permanentemente, para que el sistema garantice condiciones básicas, explicó. Sin embargo, señaló que podría haber una excepción para las universidades que tienen una acreditación de una organización internacional de prestigio, estas podrían tener el permiso de funcionamiento por lo que dure dicha acreditación.

El proyecto que tiene como nombre “ley que fortalece el sistema de acreditación universitaria” busca según sus promotores “establecer medidas para incentivar y asegurar la mejora continua de la calidad de la educación superior universitaria a través de la acreditación institucional, con la finalidad de lograr la competitividad y el reconocimiento internacional de las universidades peruanas, por medio de su posicionamiento en los rankings internacionales de calidad”.

No obstante, de prosperar la iniciativa la revalidación del licenciamiento sería automático y no cada seis años como es actualmente. La iniciativa se aplicaría en universidades públicas y privadas, también en escuelas de posgrado con licencia de funcionamiento que ofrecen grados académicos y/o títulos profesionales, según detalla el proyecto.

Una de las modificaciones más polémicas que establece el proyecto de Balcázar es la necesidad de que el grado de doctor sea obtenido con estudios presenciales, como requisito para ser rector o superintendente de la Sunedu. Es decir, que de aprobarse esta iniciativa estos grados podrían obtenerse de manera virtual y as´pi aplicar a los mencionados cargos.

El presidente de la Comisión de Educación del Congreso pretende que modificar además otros cuatro artículos de la Ley Universitaria. Los cuales se detallan en la siguiente imagen.

Los congresistas coautores de este proyecto son cuatro miembros de su bancada Perú Bicentenario: Jorge Alfonso Marticorena Mendoza, Jorge Samuel Coayla Juárez, Elías Marcial Varas Meléndez y Guido Bellido Ugarte.

La ahora ministra de Educación estuvo desde el 23 de enero del 2023 como viceministra de Gestión Pedagógica en el Minedu, fue designada a ese cargo por el exministro Óscar Becerra. Además, según su perfil de LinkedIn, trabajó en el ministerio como Directora General de Educación Básica del 2005 al 2011 y como Directora de Educación Inicial y Primaria desde el 2004 al 2011. En 2021, Ponce fue parte del equipo técnico de Keiko Fujimori de Fuerza Popular encargada de los temas educativos.

En cuanto al sector privado, Ponce a sido catedrática en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) por más de 17 años y ha representado al Perú ante organismos internacionales, según indicó El Peruano. Asimismo, ha trabajado como secretaria técnica en la asociación civil Perú Vive Bien, organización enfocada en reducir los niveles de malnutrición en el país a través de la educación; así como gerenta general de la consultora Miral, empresa dedicada a brindar asesorías en el campo educativo; también ha sido miembro del Centro Internacional de Investigación y Desarrollo.

Sobre la educación de la nueva ministra, es licenciada en Educación con dos especialidades: Formación Magisterial y Educación Inicial - primera Infancia por la PUCP. También tiene el grado de magíster en Docencia e Investigación Universitaria y un doctorado en Educación por la Universidad San Martín de Porres (USMP). Su perfil de Linkedin menciona que tiene otras dos maestrías en Administración y Dirección General de Empresas en la Universidad Católica San Antonio de Murcia (España) y una maestría en administración en EALDE Business School.

En cuanto al polémico PL del Congreso para reingresar a 14 mil docentes no evaluados, la ministra Ponce se ha mostrado en la misma línea que la ex ministra Márquez. Aseguró que la meritocracia docente se debe proteger: “es importante que demos el ejemplo, nuestros alumnos son evaluados todo el tiempo. La evaluación lo que permite es saber dónde tienes que mejorar. Es lo que nos hace mejores maestros, mejores estudiantes y mejores personas”, dijo a RPP.

Sobre otros temas de interés, Ponce no se ha mantenido callada. Al hacerse conocida la denuncia del presunto plagio contra la presidenta Dina Boluarte, indicó que debía ser investigado. “Creo que las investigaciones tendrán que darse, como en todo caso. Eso no significa que no haya una preocupación, ni que en cualquier caso que hubiese no pueda generar algún tipo de acciones respecto a eso”, dijo en su momento.

Otra problemática a la que se ha referido la ministra Ponce es el registro de casos de violencia escolar registrados en el portal SíSeVe. Durante su gestión como viceministra se ha estado trabajando una normativa para que maestros con denuncias por violencia no regresen a las aulas. “La idea es que el proceso de formación educativa incluya, de manera transversal, un aspecto determinado sobre la salud mental”, declaró a RPP.

La ministra Miriam Ponce es la cuarta titular de educación en lo que va de la gestión de la Presidenta Dina Boluarte. Ponce entra en reemplazo de Magnet Márquez, quien estuvo en el cargo por cinco meses. Como se recuerda, Márquez Ramírez, quien era viceministra de Gestión Institucional, había asumido el cargo en reemplazo del cuestionado ex ministro Óscar Becerra. Este último estuvo desde diciembre del 2022 hasta abril del 2023, cuatro meses.

Antes de Becerra, Patricia Correa fue quien estuvo a cargo del Minedu. Boluarte la designó como ministra cuando asumió como Presidenta de la República. Sin embargo, esta renunció en diciembre debido a las muertes durante las protestas contra el gobierno.

Teniendo en cuenta el gobierno de Pedro Castillo, desde julio del 2021, Ponce es la séptima ministra en poco más de dos años. Antes de Correa, Rosendo Serna fue el ministro de Educación, pero renunció casi un año después cuando Castillo dio el golpe de Estado. Previo a eso, estuvo Carlos Gallardo por dos meses, pero fue censurado por la filtración de la Prueba Única Nacional del Concurso de Nombramiento 2021 y por no ser considerado idóneo para el cargo por el Congreso. Antes de Gallardo, el ministro fue Juan Cadillo, quien fue parte del primer gabinete de Castillo.