“Se necesitan S/500 millones para combatir crimen organizado”

Jorge Falen

Ayer se inauguró la Cumbre de Fiscales Generales de América Latina. Ese evento contará con la participación de los titulares de las fiscalías de 13 países de la región con el fin de plantear medidas de política conjunta contra el crimen organizado. El Comercio conversó con Jorge Chávez Cotrina, fiscal superior, sobre los principales desafíos.

—¿Cuáles son las metas planteadas en la lucha contra el crimen organizado? 

Actualmente, las fiscalías especializadas en crimen organizado tienen a su cargo 150 investigaciones a bandas que operan en todo el país. La meta de este año es desarticular un número similar de organizaciones criminales en todas las modalidades delictivas.

—¿Con cuánto presupuesto cuenta? 

El Ministerio Público cuenta con un presupuesto anual de S/2.000 millones. Este monto se reparte entre las distintas fiscalías especializadas. 

—¿Cuánto necesita?

El Estado necesita por lo menos S/500 millones para combatir el crimen organizado. Esto en lo referente a modalidades como trata de personas, lavado de activos y narcotráfico.

—¿La fiscalía especializada está presente en todas las regiones? 

El Ministerio Público cuenta con fiscalías especializadas en todos los departamentos. Sin embargo, la Policía Nacional aún no tiene divisiones especializadas en crimen organizado en provincias, hecho que dificulta el trabajo.

—¿Qué metas se plantea en la lucha contra cada modalidad delictiva?

En cuanto a la extorsión, que viene avanzando a tasas relativamente altas, nuestra meta es desarticular cien bandas dedicadas a este delito el presente año [el doble de lo reportado en el 2015]. Sin embargo, creo que el problema que más preocupa por crecimiento es la trata de personas. Tal es así que se han creado ocho fiscalías especializadas para combatir este delito en regiones como Tumbes, Madre de Dios, Cusco, Iquitos y Tacna. A diferencia de otros delitos, en este sí contamos con la presencia de policías especializados. Sin embargo, no hay el número de albergues necesarios para atender a las víctimas.

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