Nuevas crónicas y buen desgobierno

En una entrevista concedida a este Diario el 23 de diciembre del 2015, Nelson Chui, el entonces presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), dijo: “En encuestas de hace unos meses se reveló que nosotros no estamos entre los más corruptos [...].
La opinión pública ha satanizado a los gobiernos regionales”.

Eran los últimos días de un año poco auspicioso para el gremio que Chui encabezaba: varios de sus colegas eran procesados, algunos estaban prófugos, otros habían ingresado a prisión. En la entrevista, insistió en que no era la mayor preocupación de la ANGR. “Es uno de los temas sobre los que se conversa en las tres o cuatro reuniones que tiene al año la asamblea”, dijo a manera de balance de fin de año.

Un par de días después, otro ex gobernador hizo noticia. El 25 de diciembre, César Álvarez, en prisión preventiva y acusado de varios delitos, envió una carta a sus “comandos” (así los llama él) que terminaba así: “Roguemos a Dios para encontrar la paz, justicia y la libertad”.

Queda la duda sobre si encontró paz y justicia, pero libertad no: pasaron los meses, siguió en prisión preventiva y, hace pocos días, el 12 de mayo, el Primer Juzgado Penal Nacional la prolongó por 12 meses.
Desde ese día y durante toda esta semana, varias autoridades regionales han vuelto a ser noticia y, como para darle la contra a Chui, no necesariamente por buenas razones.

–Unos entran, otros salen–
El miércoles 17, el ex gobernador de Cusco Jorge Acurio fue detenido por la policía tras haber sido acusado de recibir coimas de la empresa Odebrecht, a cambio de ser favorecida en la concesión de las obras de la Vía de Evitamiento de esa ciudad.

Acurio había dejado el cargo de gobernador en el 2013, antes de terminar su mandato, cuando el Jurado Nacional de Elecciones dictó su vacancia tras haber sido sentenciado por delitos de corrupción cuando era alcalde distrital de Calca. “El Poder Judicial me sentenció, pero el pueblo me absolverá”, dijo en su despedida. Nadie lo entendió.

Este mismo miércoles, el ex gobernador de Ayacucho Wilfredo Oscorima dejó el penal de Cachiche (Ica), donde estuvo recluido desde marzo del 2016 (había estado prófugo 9 meses). Él fue absuelto por la Corte Suprema en un proceso por el presunto delito de negociación incompatible. “Creo que en el país existe justicia”, dijo Oscorima apenas dejó la cárcel.

También el mismo miércoles 17, se informó que otro ex gobernador preso, Yván Vásquez (Loreto), dejaría el penal luego de casi seis meses. La Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Loreto declaró nula la sentencia por seis años de prisión efectiva en un juicio por colusión. “La sala ha puesto las cosas en su lugar”, dijo el jueves, al salir del penal.

Mientras Vásquez retomaba su libertad en Iquitos, en otra ciudad de la selva, Pucallpa, la policía realizó detenciones y allanamientos a una organización dedicada al lavado de activos que, según el Ministerio Público, encabezaba el ex gobernador de Ucayali Jorge Velásquez desde prisión.

Velásquez está preso desde hace pocos meses, luego de ser sentenciado a cinco años de prisión por el delito de negociación incompatible (alquiló un inmueble de un amigo para utilizarlo como oficinas regionales).

Con los gobernadores regionales siempre hay coincidencias: Velásquez fue sentenciado en primera instancia el mismo día que su colega de Pasco, Félix Salcedo, condenado a cinco años de cárcel por haber atropellado y causado lesiones graves a un joven en Chaupimarca en un auto manejado con exceso de velocidad.

–Crisis y castigo–
Además del escándalo político que en cada una de las regiones mencionadas significó la situación legal de los gobernadores, hubo también serias crisis políticas y económicas.

En Áncash, el gobierno regional se situó en el tercio más bajo del ránking de ejecución de presupuesto público en siete de los últimos diez años; además, la ejecución de su presupuesto de inversión ha descendido sin freno desde el 2014. Como informó recientemente este Diario, el año pasado Áncash ejecutó el 27,9% de esta cuenta, muy por debajo del promedio de los gobiernos regionales (70,9%).

En Cusco, Acurio al despedirse del sillón regional dijo que no había una situación de ingobernabilidad, pero lo cierto es que a los problemas políticos se sumaron otros de tipo económico.

En Ayacucho, el consejo regional demoró varios meses en encontrar un reemplazo para el gobernador encarcelado. Al no haber un titular, varios proyectos –como las obras de prevención por El Niño– demoraron mucho más de lo normal.

A propósito del fenómeno de El Niño y el comportamiento de las autoridades regionales al respecto, esta semana la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Trujillo decidió abrir investigación preliminar al gobernador de La Libertad, Luis Valdez Farías, por presunta omisión de funciones. Cuando Trujillo y otras ciudades liberteñas atravesaban sus peores días por las lluvias, huaicos, inundaciones y desbordes, Valdez se encontraba de viaje, aún no queda claro si por turismo o, como él dijo, por motivos de salud. Lo cierto es que, con esta investigación en camino, otra autoridad regional ingresa a la lista.