Organizan conferencia para exponer sobre las libertades informativas en Perú

Este viernes 25 de octubre, se llevará a cabo la segunda conferencia anual sobre libertades informativas y transparencia “persecución penal y acoso contra la prensa”. El evento será en el auditorio Juan Julio Wicht S. J., en la Universidad del Pacífico (Jr. Sánchez Cerro 2121, Jesús María).

La conferencia reunirá a académicos, periodistas y altas autoridades estatales para discutir sobre los aspectos más importantes y problemáticos para las libertades de expresión y de información de los ciudadanos.

En el evento, la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico presentará un informe y un anteproyecto de ley que “reconcilia las libertades informativas con los derechos al honor y a la reputación”.

Entre los participantes están Vicente Zeballos, presidente del Consejo de Ministros, con la ponencia “Las responsabilidades del Estado para proteger la libertad de información y la libertad de prensa”; el director periodístico de El Comercio, Juan José Garrido Koechlin; los periodistas Paola Ugaz y Gustavo Gorriti, entre otros especialistas.

La conferencia será de 8:00 a.m. a 12.30 p.m. Para conocer el programa, ingrese a este enlace. Las inscripciones se pueden realizar haciendo clic AQUÍ.

Andrés Calderón, director de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico, explicó que el anteproyecto a presentar tiene que ver con la revisión en el Código Penal de los delitos de difamación, injuria y calumnia.

“Que estas infracciones contra el honor no sean delitos, sino infracciones con indemnización a quienes fueron agraviados, y que se pague una multa que va a terminar en favor del agraviado. Pero, que ya no haya una sanción penal”, explicó.

Además, están proponiendo “un mecanismo mejor regulado sobre la rectificación, de modo que esta se considere válida solo en la medida que cumpla con parámetros como que se realice en la misma fecha, periodicidad o frecuencia, y con el mismo alcance y extensión con el que se hizo la primera difusión de la información agraviante”.

Por otro lado, dijo que en el anteproyecto se está poniendo expresamente algunas conductas que antes no estaban excluidas y podían considerarse acciones penales “pese a que eran ejercicios legítimos de la libertad de expresión”. “Se pone un deber especial a los jueces para que no admitan a trámite querellas sin mayor sustento”, agregó.