Destruyen campamentos de minería ilegal en Piura y Ayabaca

Durante dos días, las autoridades nacionales y regionales realizaron una interdicción en la provincia de Ayabaca, en Piura. Como resultado se destruyeron  más de 20 campamentos de minería ilegal. La interdicción se realizó en los sectores de Caña Brava, Cabuyal y Zuro 1, en el distrito de Sapillica; y Chivatos y Alvarado, Pampa Larga y Las Lomas, en el distrito de Suyo.

La operación fue comandada por el Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental de la Presidencia del Consejo de Ministros, Antonio Fernández Jerí. El funcionario dijo que las operaciones contra la minería ilegal continuarán de continua y permanente, pues en Piura ha aumentado esta actividad ilícita.

Fernández Jerí precisó que una de las reformas del Estado para crecer con actividades económicas sustentables es e formalizar las actividades de minería artesanal y pequeña minería. “Y paralelamente erradicar las actividades de minería ilegal en zonas no autorizadas por el Estado, para preservar la salud y la vida de las personas y los ecosistemas, como en el caso de Piura”, indicó.

OPERACIÓN CONJUNTA

En la interdicción participaron más de 200 policías, cinco fiscales ambientales, supervisados por Flor de María Vega, Coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental. También participaron  los procuradores del Ministerio del Interior y Fuerza Aérea del Perú.

Durante las intervenciones se destruyeron motores, molinos de bola, quimbaletes, pozas de efluentes, pozas de cianuración, grupos electrógenos, mangueras, combustible, explosivos, compresoras de aire y taladros. También se incautaron equipos básicos para la extracción artesanal de oro de manera ilegal además del cianuro y mercurio, químicos nocivos para la salud humana.

Cabe destacar que en la región Piura se producen 857 mil 961 onzas de oro recuperado (con cianuro y mercurio). Sabiendo que el precio del oro es de  US$1.200, el Estado deja de percibir más US$ 185 millones de dólares anuales sin considerar el impuesto a la renta.

Todos los campamentos destruidos se ubicaban muy cerca de la represa de San Lorenzo, que permite irrigar más de 50 mil hectáreas de tierras situadas en los valles de los ríos Chipillico, Piura y Chira.