El Niño costero: cuestionamientos en torno a supervisión de defensas ribereñas de Piura y Castilla

Después de las lluvias del 2017, que dejaron más de 97 mil damnificados en la región Piura, el gobierno inició el proceso de reconstrucción de todas las zonas afectadas, en especial del norte del país. Para evitar una nueva inundación, en Piura se licitó en diciembre del 2018 el servicio de consultoría para la elaboración del plan integral para el control de inundaciones en el río Piura, por un valor de S/ 17 millones 551 mil 898.83.

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La buena pro fue otorgada al consorcio español Inundaciones Piura, integrado por las empresas Asistencia Técnica y Jurídica Consultores SL, INTECSA SA Sucursal Perú, e INYPSA Informes y Proyectos SA Sucursal Perú. De acuerdo con las bases integradas, este plan deberá identificar las obras e iniciativas que serán implementadas indicando, además, la instancia responsable de su ejecución, y aquella encargada de recibir las obras para su mantenimiento y operación, así como la modalidad de inversión que será utilizada para su ejecución (incluida obras por impuestos)".

Una vez elaborado el plan es enviado en consulta a las autoridades locales y regionales, luego a la Autoridad de la Reconstrucción Con Cambios (ARCC) y finalmente a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para su aprobación. El plazo de ejecución para la elaboración de este plan es de 18 meses. Es decir, debería estar listo en junio del 2020.

- Falta de planificación -

Para el decano del Colegio de Ingenieros de Piura, Manuel Asmat, este plan es la directiva para reducir la vulnerabilidad, mitigar los riesgos y evitar que Piura se inunde de nuevo, como en marzo de 2017. “Este plan debe emitir las recomendaciones de los proyectos que deben ejecutarse para el control de la cuenca del río Piura, es decir, es un proyecto integral que incluye todo el río Piura, su salida al mar, las defensas ribereñas, etc”, explicó.

Añadió que lo ideal hubiera sido que se diseñe primero esta guía integral para saber qué proyectos ejecutar y qué entidades los deberían tener a cargo, para luego trabajar cada proyecto específico. Pero no ha ocurrido así: actualmente lo que hay es trabajo en paralelo, además de este plan se construyen las defensas ribereñas de las ciudades de Piura y Castilla (S/ por 230 millones) y las defensas ribereñas del Bajo Piura (S/ 47 millones).

Y todos estos tres trabajos, que deberían formar parte del mismo plan, tienen unidades ejecutoras y contratistas distintos. Las defensas ribereñas de Piura y Castilla están a cargo del Gobierno Regional de Piura y se ejecutan en dos tramos; mientras que las defensas del Bajo Piura están a cargo del municipio provincial de Piura. En el caso del plan integral tiene como unidad ejecutora al Proyecto Especial Hidroenergético Alto Piura (Peihap).

Supervisión observada

Las defensas ribereñas de Piura y Castilla comenzaron a ejcutarse el 4 de octubre de este año sin supervisión externa. Recién la buena pro para los dos tramos (desde la represa Los Ejidos hasta el puente Cáceres; y desde este hasta el futuro puente Integración) se otorgó el último lunes y martes al Consorcio Supervisor Castilla Piura, conformado por Asistencia Técnica y Jurídica Consultores SL e INTECSA SA Sucursal Perú. Estas dos empresas forman parte del mismo consorcio que elabora el plan integral del río Piura.

Para el consejero regional José Morey existe un claro conflicto de intereses y se habría violado el principio de imparcialidad en las contrataciones estatales. "El mismo consorcio no puede ser juez y parte, eso no está bien. En este caso no se asegura la transparencia de la obra. Vamos a pedir explicaciones el próximo martes al gerente de Infraestructura del Gobierno Regional de Piura porque esta es una obra de envergadura que debe hacerse bien", comentó.

Con él el la especialista en gestión pública Juana Huaco, quien dijo que el comité de selección debió prever esta situación. "Hay aspectos técnicos que no pueden ser saltados. Aquí está en juego la calidad de una buena obra y la protección a una población, por eso se debe exigir una supervisión transparente e imparcial, no que sea juez y parte", dijo.

Vale precisar, además que Contraloría, mediante el informe de control 1331-2019-CG/GRPI-SOO advirtió que "el personal propuesto por el Consorcio Inundaciones Piura forma parte de otras consultorías para la formulación de planes integrales en cuatro regiones del país que se ejecutan de forma simultánea, lo que genera los riesgos de incumplimiento de los términos de referencia de la contratación, de incumplimiento de los plazos establecidos y de inejecución de las prestaciones a su cargo, lo que conllevaría a la afectación de los objetivos de la contratación".

Datos

• Luego de que se le otorgara la buena pro al Consorcio Inundaciones en diciembre del 2018, en febrero el Gobierno Regional de Piura declaró la nulidad del contrato, debido a que dicho consorcio presentó documentación falsa.
• Sin embargo, luego de 3 meses de silencio la entidad regional decidió seguir adelante con el contrato y encargarle la ejecución de tan importante obra a este consorcio.
• Los especialistas además advirtieron que la unidad ejecutora a cargo de la elaboración del plan integral del río Piura no debió ser el Peihap, pues es un proyecto que ha demostrado ineficacia total. Pues, a la fecha presenta 12% de avances, luego de nueve años de ejecución y un desembolso de dinero de casi S/ 500 millones.