Piden 12 años de cárcel para alcalde de Ayabaca

En octubre de 2014, los vecinos de la provincia de Ayabaca –en la sierra de Piura– protestaron contra la tercera reelección Humberto Marchena Villegas, alcalde de Ayabaca desde el año 2006.

Marchena es natural de Yapango Bajo, un caserío de extrema pobreza en el distrito de Lagunas. En el 2014, luego de las protestas de los pobladores de Ayabaca, donde quemaron maquinaria pesada y paralizaron sus actividades, la Contraloría General de la República envió un equipo para auditar las consecutivas gestiones de Marchena.

Uno de los hallazgos más importantes, por el que ahora afronta un proceso penal, se refiere a la contratación irregular de una concuñada en 13 procesos de selección.

-Acusado de colusión-
En el informe 661-2015, la Contraloría concluyó que en 13 procesos de selección convocados por el municipio el comité especial permanente aceptó el registro y contrató a una participante que no cumplía con los requisitos y presentó documentación falsa. Se trata de Máxima Granadino Cunya, quien sería concuñada de Marchena Villegas y quien fue inhabilitada tiempo después.

El caso está a cargo de la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios de Sullana. El último miércoles, la audiencia de control de acusación se postergó por cuarta vez porque no concurrió un abogado de una de las partes involucradas. La nueva audiencia se celebrará el próximo 22 de marzo.

La fiscalía, por su parte, exige 12 años de cárcel para Marchena y 24 años para Granadino por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible. El abogado de Marchena en este caso es Alberto Borea, quien defendió de la vacancia al presidente PPK.

-Un pueblo olvidado-
Para el abogado de la Asociación de Fiscalización de la Gestión Municipal de Ayabaca (Afiga), Aníbal Albañil Ordinola, en este caso emblemático hay impunidad y se busca dilatar el proceso para que los denunciantes desistan de la investigación.

“Están usando todas las argucias legales para que se dilate más este proceso y las partes se aburran y dejen de investigar. Están ganando tiempo para conseguir más pruebas y presionar a los fiscales y jueces. Pero no vamos a desistir”, comentó a El Comercio.

Por su parte, el regidor Teodoro Paúcar Gallego dijo que es preocupante lo que ocurre con los casos de Marchena. “En Ayabaca se archivan los procesos, y en Sullana se dilatan. No entendemos porqué tanta postergación. La fiscalía ha encontrado responsabilidad del alcalde en esta investigación”, dijo.

Marchena le dijo el último miércoles a un diario local que él no tiene responsabilidad en los procesos, porque para eso existe un comité especial. “Es problema del comité de adjudicaciones que hace eso (contrataciones). El alcalde ni siquiera está presente en esos procesos de acuerdo a ley”, argumentó.

Contraloría remitió informes de control a la Fiscalía Anticorrupción de Sullana por presuntas irregularidades y perjuicios económicos al Estado en las obras: “Mejoramiento del camino vecinal El Coco-Sausal”, “Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Ayabaca”, “construcción y mejoramiento de la IE. 14173 del centro poblado La Ollería, provincia de Ayabaca”, entre otros.

Humberto Marchena postularía de nuevo a la alcaldía del distrito de Lagunas, donde ha sido alcalde cuatro períodos consecutivos. Mientras que su hijo, Baldomero Marchena, que fue consejero regional, aspiraría al sillón provincial de Ayabaca.

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