Piura: ex alcalde distrital fue condenado a 3 años de prisión efectiva por corrupción

Este miércoles el juez del Séptimo Juzgado Penal Unipersonal especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, Ronald Soto Cortez, sentenció en primera instancia a tres años de prisión efectiva al ex alcalde de la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre (Piura), Práxedes Llacsahuanga Huamán, y a los ex funcionarios ediles Iván Yaguana Huamán y Uvaldo Pizarro Paico, por el delito de colusión simple.

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El juez Soto Cortez también estableció que los tres ex funcionarios deberán pagar 180 días multa, e impuso una condena de tres años de pena suspendida de la libertad a Carlos Potesta Valencia, en calidad de cómplice, quien era integrante del consorcio que ganó la buena pro para la venta de tres camiones compactadores a la municipalidad de Veintiséis de Octubre.

El caso se refiere al irregular proceso de licitación pública para la “Adquisición de vehículos para limpieza pública de la Municipalidad Distrital Veintiséis de Octubre”, por un valor referencial de S/ 4´098,816.00. Una de las irregularidades fue la ex autoridad edil resolvió conformar el Comité Especial alterando la propuesta efectuada por la gerencia municipal al incluir al ingeniero Luis Alfredo López Temoche, en lugar del representante del área usuaria, Néstor Reynaldo Herrera Rea, sin que exista documento alguno que lo respalde o se exponga fundamento para ello.

El juez explicó que la exclusión del representante del área usuaria respondió a una decisión unilateral e injustificada, trasgrediendo las garantías establecidas en la Ley de Contrataciones y su Reglamento, no solo para seguir un proceso transparente sino con eficiencia.

Otro de los elementos probatorios fue la actuación de la empresa SIGMA Equipment del Perú SAC, representada por Carlos Jesús Potesta Valencia, integrante del Consorcio que ganó la buena pro, que tiene como proveedor a la empresa RMB SATECI SAC, la que a su vez adquiere los insumos de la empresa USIMECA MEXICO SA.

Esta última empresa es la que requirió la adquisición de tres camiones compactadores para cumplir su compromiso con la Municipalidad Distrital Veintiséis de Octubre mediante la orden de compra de fecha 30 de abril del 2015, cuando aún no se le había otorgado la buena pro, ni mucho menos había suscrito contrato con la Entidad, ya que esto último recién ocurrió el 08 de mayo del 2015 y 05 de junio del 2015 respectivamente.

En ese sentido los sentenciados intervinieron con un claro ánimo defraudatorio –basado en el engaño-, de favorecer los intereses del consorcio ganador y perjudicar al Estado; adecuando así su conducta al delito atribuido.