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Los fiscales y jueces de Tumbes y Piura que, en los últimos días, adoptaron medidas que benefician a integrantes de organizaciones criminales recientemente capturados han recibido duras críticas de los jefes policiales de estas regiones.
El 22 de agosto, el juez Jaime Elías Lecarnaqué, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, levantó la orden de captura a cuatro miembros de la banda Los Pollos: Jhoan Omar Ordinola Súcuple, Denner Morán Pachamoro, Junior Eligio Marchán Ruiz y Marco Antonio García Gonzales; este último, conocido como Marquitos y que estaba prófugo, se había presentado a la mitad de la audiencia, en el penal de Puerto Pizarro, en la que se evaluaba un pedido para que cumpliera prisión preventiva. A ellos se los acusa de asociación ilícita, extorsión, sicariato y tenencia ilegal de armas.
Al día siguiente, el ministro del Interior, Carlos Basombrío, visitó esta región y ofreció ayudar a la policía en la lucha contra el crimen organizado. Tumbes es una de las regiones con mayor presencia de bandas criminales en el país y, según el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, es la región con el mayor índice de homicidios (23 por cada 100 mil habitantes).
Lo paradójico fue que Basombrío comentó que Marco Antonio García Gonzales se había entregado “porque tenía los días contados” y porque sabía de su inclusión en la lista de los más buscados. Se ofrecían S/20 mil por información que ayudara a su captura.
El ministro no había sido informado que la noche previa se había dejado sin efecto su orden de captura. Cuatro días después, el viernes 26, el mismo juez ordenó prisión preventiva para ocho integrantes de Los Pollos, incluido García Gonzales, pero para entonces ya estaba otra vez prófugo.
“A García Gonzales lo hemos tenido allí, capturado. Obviamente, ahora está prófugo. Es una pena lo que ha ocurrido”, dijo el coronel PNP César García Esquerre, jefe de la División de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia (Divicaj) de Tumbes.
–Más liberaciones–
Este no es un caso aislado. Días después, el 28 de agosto, otros nueve presuntos delincuentes fueron liberados en Piura luego de haber sido capturados por la policía.
El 19 de agosto, los agentes lograron detener a 11 integrantes de la banda Los Maniáticos del Norte y a otros ocho de La Gran Sangre. Ellos eran buscados por delitos de extorsión, robo agravado, receptación, sicariato y cobro de cupos a empresas constructoras de Piura. El éxito de la operación fue tal que el propio general PNP Vicente Romero, jefe de la Policía Nacional del Perú, viajó a esta región para presentar públicamente a los capturados. En la conferencia de prensa, en la sede de la División de Investigación Criminal (Divincri), llamó la atención la actitud de algunos detenidos; Karen Calderón López y Karin Carmen Atoche, integrantes de Los Maniáticos del Norte, incluso sonrieron mirando a Álvarez, desafiantes.
De los 19 detenidos, 10 están en prisión preventiva. Los otros nueve fueron liberados. El fiscal Juan Zevallos Rodríguez, de la Fiscalía contra el Crimen Organizado en Piura, pidió comparecencia restringida para Edwin Castro Sanjinez, José Chunga Orozco, César Maldonado Ojeda y Fátima Palacios Rivas, de La Gran Sangre; y para Viviana Reyes Sarmiento, María Rodríguez Córdova y Mercedes Rodríguez Espinoza, de Los Maniáticos del Norte. Las dos restantes fueron, precisamente, Karen Calderón y Karin Carmen, las que sonreían con las manos esposadas.
El fiscal Zevallos dijo a El Comercio que la comparecencia restringida “responde a una estrategia” para desbaratar estas bandas. “No los hemos excluido de la investigación; hemos tomado esa medida para que ellos [los liberados] nos ayuden a incriminar a los cabecillas de la organización”, dijo.
El general PNP Dennis Pinto, jefe de la Región Policial de Piura, protestó: “Estamos desconcertados con esta medida. Nosotros trabajamos para que vayan a la cárcel todos los miembros, no para que sigan libres”.
