"La política está permeada por el narcotráfico" [ENTREVISTA]

Tras ocho meses de trabajo, la comisión parlamentaria presidida por Rosa Mavila, que siguió la pista a la narcopolítica, publicó su informe final. En este documento, que mañana sería debatido en el pleno, se destaca que el tráfico ilícito de drogas se infiltra en la política a través de clanes con poder económico. Estos operan en regiones con poca presencia estatal y combinan las actividades legales con las ilegales para pasar desapercibidos. Para la congresista, el sistema no está completamente contaminado, aunque advierte que si no se pone un freno, la influencia del narcotráfico en la política seguirá aumentando.

— ¿A qué nivel está infiltrado el narcotráfico en la política? 

Es un proceso muy complejo. Aunque no detectamos a ningún narcotraficante en el sistema político, sí hallamos serios indicios de muchos actores políticos que parecen vinculados al lavado de activos y al desbalance patrimonial. Son personas que se presentan como muy exitosas y emergentes, y que ingresan a diversas actividades en lapsos muy cortos: ganadería, agricultura, minería, finanzas, transporte, compra de aviones o manejo de clubes deportivos. 

—Han investigado a 29 políticos, incluidos 5 gobernadores regionales, autoridades provinciales y distritales. ¿Cuál es el caso más alarmante?

No puedo adelantar ni individualizar casos. Sí puedo decirle que hay modalidades distintas que hacen presumir la presencia de narcotráfico original y lavado de activos posterior. En tercer lugar, negocios vinculados directa o indirectamente al transporte de drogas e insumos químicos. En todos esos casos, hay un control ineficiente del Estado.

—En sus conclusiones se vincula al narcotráfico con clanes familiares en varias regiones, que luego, según aseguran, ingresan a la política mediante movimientos regionales. ¿Por qué se da esta falta de control?

Lo regional es lo más cualitativo del informe. Hablamos de un narcotráfico que se consolida primero en zonas alejadas, con poca presencia del Estado y que avanza de a pocos a lugares con control territorial, incluso a las ciudades a través del lavado de activos. Las que se han llamado ‘las familias’ son clanes que se vinculan a procesos productivos como la hoja de coca, tala ilegal o producción de amapola. Ya no hablamos de los viejos terratenientes, sino de grandes empresarios cuyos patrimonios no parecen lícitos. La vieja familia narco se convierte en empresaria y emprendedora, con capitales nacionales e incluso con negocios de amplia diversificación en el país. 

— ¿No han logrado advertir vínculos similares con los partidos políticos nacionales? 

Las estructuras de los partidos políticos hacen que los narcos no se incluyan directamente en ellos, mientras que los movimientos regionales están más cercanos. Esto no significa que no pueda existir infiltración en los partidos a través del financiamiento. En el desarrollo de la investigación han sobrevenido casos que era imposible no tocarlos, como el de Gerald Oropeza [vinculado al Apra] y el de Barranca [de Alberto Tapia Olivares, candidato a la alcaldía por Fuerza Popular, que se vinculó a un decomiso de droga en su vehículo].  

—¿El mayor problema de nuestro sistema político es la permeabilidad económica? 

La investigación nos ha permitido advertir las tremendas debilidades del sistema político no solo en materia de financiamiento, sino también en institucionalidad. Debilidades de las agrupaciones en relación con su carácter coyuntural y no programático, ya que no se basan en ideologías o en planes de gobierno, sino en cacicazgos regionales y políticas clientelares.

—Entre los cinco gobernadores regionales que investigaron, incluyeron a Wilfredo Oscorima de Ayacucho. Él se escudó alegando que su denuncia por narcotráfico y lavado de activos fue archivada. 

No me olvido cuando le pregunté a Oscorima si efectivamente le había regalado un reloj Rolex al entonces presidente de la Corte de Justicia de Ayacucho y solo sonrió. Más allá de la anécdota, no puedo entender cómo en Ayacucho el gobernador regional no pudo ser consciente de la existencia de casi 200 cooperativas [de ahorro y crédito] que serían usadas para lavar dinero. El jefe de la UIF [Unidad de Inteligencia Financiera] nos dijo que en determinadas cooperativas en Ayacucho los beneficiarios recibían una laptop al primer préstamo y una moto al segundo. ¿De dónde tanta afluencia de capital?

— ¿Qué otras modalidades han detectado? 

Ha sido interesante determinar cómo en ciertas transacciones comerciales algunos gobernadores regionales o autoridades locales no usaron el sistema bancario. Usan empresas de compra y venta de dólares, como el caso del señor Luis Valdez [ex alcalde de Coronel Portillo, Ucayali]. Esta suerte de simultaneidad entre actividades lícitas e ilícitas es un tema que debe investigarse a profundidad por el bien del país. 

— Otro investigado fue el gobernador regional de Amazonas, Gilmer Horna, por lavado de activos procedente del tráfico ilícito de drogas. 

El señor Horna nos dijo que nunca fue notificado de ninguna investigación, pero la propia procuradora antidrogas Sonia Medina nos dijo en la comisión que, escarbando, encontró un proceso contra él. Otros expedientes se perdieron.

— ¿A qué se refieren cuando dicen que, producto de la “automatización de las regiones”, se ha erosionado el control territorial del gobierno?

Esta automatización de las regiones hace que se construyan sociedades autárquicas donde el poder informal se va consolidando. Ante esto, se debe trabajar por una descentralización amplia que legitime el poder político. Hay que plantear obras de desarrollo, proyectos de regionalización que integren políticas de inserción productiva en zonas altamente vulnerables. La descentralización no solo es presupuestal o administrativa, también se da en la lucha con problemas tan graves como el narcotráfico.

— Están proponiendo 28 proyectos de ley, ¿podría resaltar alguno de ellos?

Una de las conclusiones que puede ser muy debatida, pero que pienso defender es la propuesta de que cualquier actor político que tenga una denuncia formulada por el Ministerio Público por delito de narcotráfico o lavado de activos no pueda ser candidato. 

— Dijo estar preocupada porque el informe final no pueda ser debatido este año en el pleno. ¿Cuál fue la decisión del consejo directivo?

Tenemos la promesa de que se pondrá a debate este miércoles [mañana] en el pleno. En este contexto electoral, hay que bloquear de una buena vez las tentativas de intrusión del narcotráfico. La política no está totalmente permeada por el narcotráfico, pero sí lo está en sectores trascendentes. Es un tema que debe enfrentarse con mucha seriedad.

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