Decenas de residentes de Puno y Juliaca acataron ayer el segundo día de un paro de 48 horas, convocado para protestar contra la delincuencia. Los moradores exigen que los presos de alta peligrosidad del país no sean internados en los penales de esta región sureña.
La movilización –iniciada en la mañana– se realizó pese a que, el martes, el Ejecutivo declaró el estado de emergencia por treinta días en ambas ciudades de Puno, luego de que se reportaran hechos violentos durante las protestas, como la quema de unos cuarenta locales nocturnos, clubes y cantinas en Juliaca.
Los manifestantes aseguran que en estos locales se refugian los delincuentes que operan en la región. La protesta causó el cierre de establecimientos públicos y locales comerciales de Puno. También generó la suspensión del transporte y de las actividades educativas.
–Acción del Ejército–
El jefe de la Región Policial Puno, general Roger Tello Ramírez, informó que, como parte de la declaración de emergencia, nuevos contingentes de policías procedentes de regiones vecinas serán reubicados en la ciudad de Juliaca.
Mientras tanto, patrullas del Ejército recorren las calles en ambas ciudades de Puno para controlar el orden público y evitar nuevos actos de violencia.
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— Sociedad El Comercio (@sociedad_ECpe) 30 de noviembre de 2016
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