Los protestantes son transportistas de la empresa 12 de Noviembre. (Foto: cortesía Defensoría)
Los protestantes son transportistas de la empresa 12 de Noviembre. (Foto: cortesía Defensoría)
Carlos Fernández

Más de un centenar de personas de la localidad de Azángaro () realizaron un plantón en el frontis de la comisaría del lugar, protestando por un presunto caso de abuso de autoridad policial. Ellos exigen respuestas ante la muerte del conductor de un vehículo de transporte local que se encontraba en calidad de detenido desde el lunes en el calabozo de la dependencia policial.

El representante de la Oficina Defensorial de la ciudad de Azángaro indicó que la Policía Nacional confirmó el fallecimiento del hombre, afirmando que la víctima, identificada como Pastor Inofuente Quispe (40), se habría suicidado cuando se encontraba en la Sala de Meditación de la comisaría.

Precisó que el sujeto permanecía en custodia a la espera de ser llevado a una audiencia por el delito de agresión contra una mujer e integrantes de un grupo familiar. Además, refiere que fue encontrado sujetado del cuello con una media, por lo que inmediatamente los agentes policiales le prestaron auxilio y lo trasladaron al hospital de Azángaro, donde llegó sin vida.

Tras tomar conocimiento del caso, el general PNP Miguel Palomino, jefe de la Décima Región Policial de Puno, dispuso que miembros de la Oficina de Inspectoría General de la PNP designe a un equipo especial para que investigue el hecho a fin de deslindar las responsabilidades correspondientes.

El representante de la Defensoría del Pueblo, Jacinto Ticona, informó que al mediodía las cosas comenzaron a calmarse al exterior de la comisaría, luego de que el Ministerio Público interviniera e iniciara las investigaciones.

Los protestantes son transportistas de la empresa 12 de Noviembre. Ellos presumen que el conductor habría fallecido al interior de la comisaría, rechazando el informe policial que sostiene que el hombre se encontraba con vida y falleció camino al hospital.

“Todas esas presunciones deberán ser aclaradas con las investigaciones que practique el Ministerio Público. Nosotros como Defensoría del Pueblo haremos el seguimiento”, manifestó Ticona.

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