Subir a un taxi, abrir la ventana por completo y prender el GPS. Avisar a la persona que verás que ya estás en camino, enviarle la placa, sentarte detrás del conductor y esperar que no tome caminos poco usuales al de tu ruta. Esta es una “rutina” usual que viven las mujeres en el Perú ante el temor se convertirse en un número más dentro de las miles de desaparecidas que se registran. Perder rastro de una luego que se sube a un taxi, no es un caso aislado.
Cada día en el Perú desaparecen 36 mujeres y únicamente el 47% de ellas son encontradas. Las notas de alerta sobre estos casos se emiten seguido, pero solo una minoría de estos casos se convierten en noticia nacional, dejando a una gran parte de ellas sin saber cuál es su paradero.
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El año pasado cerró con una cifra lamentable: 12.984 mujeres reportadas como desaparecidas. 5.974 fueron encontradas; sin embargo, no se cuenta con un observatorio ni estadísticas de en qué estado se hallaron para poder analizar una patente común en los casos. La Defensoría del Pueblo resaltó que los feminicidios y la trata de personas podrían ser una de las principales causas.
Tan solo de enero a agosto de este año se ha reportado la desaparición de 7.762 mujeres en el Sistema de Denuncias Policiales de la Policía Nacional del Perú. Lima Metropolitana acumula el mayor número de casos con 2.513 reportes, seguida por Junín con 478 desaparecidas. Menos de la mitad de ellas ya fueron ubicadas, pero faltan 4086.
¿Contamos con una alerta de emergencia como la “Alerta Amber”?
Desde el año 2018, el Perú cuenta con el Decreto Legislativo 1428 que desarrolla medidas para la atención de casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad. La finalidad de este es garantizar la inmediatez en la atención de denuncias. Así como la difusión, investigación, búsqueda y ubicación de personas en situación de vulnerabilidad denunciadas como desaparecidas.
A pesar que a inicios del mismo año que se promulgó el decreto legislativo mencionado, se comunicó que esta alerta sería implementada con el fin de reducir la incidencia de casos por desaparición y asegurar una comunicación temprana de alerta, lo real es que hasta 2022 no se tiene avances.
Durante una conferencia de prensa en febrero de 2018, el exministro del Interior Vicente Romero, acompañado por la exministra de la Mujer Ana María Choquehuanca, el exministro de Educación Idel Vexler y otros representantes del gobierno de turno, detallaron que la Alerta Amber sería aplicada en el Perú a fin de reducir casos y se mostraron positivos ante el anuncio.
“Esta herramienta ha dado magníficos resultados en otros países y también entrará en funcionamiento en nuestra nación. Apenas tengamos la denuncia en la comisaría, inmediatamente se pondrá en alerta a todos los ciudadanos través de los medios de comunicación. Esta alerta va a comprometer también a toda la sociedad en general”, precisó en su momento Romero.
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Fue hasta finales de ese año que el Decreto Legislativo 1428 se promulgó y en febrero de 2019 se emitió su reglamento. Este precisaba que la alerta de menores debe durar 72 horas y tiene que difundirse por todos los medios de comunicación, transporte, operadoras de telecomunicaciones, empresas de paneles publicitarios, sociedad civil y comunidad en general.
Además, detallaba la ejecución de mecanismos tecnológicos para el intercambio de información sobre casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad.
Dentro de sus disposiciones complementarias finales se agregó la interoperabilidad con el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (SISMATE) para emitir mensajes tras casos de desaparición. “El SISMATE, una vez que inicie operaciones, coadyuva en las labores de búsqueda y ubicación de personas en situación de vulnerabilidad”, se lee.
No obstante, este último sigue en pruebas por por el Instituto Nacional de Defensa Civil y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones para emitir alertas masivas a través de mensajes de texto en caso de riesgo de desastres.
A más de tres años desde la implementación del decreto, especialistas consultados por El Comercio han declarado que esta norma no estaría funcionando correctamente.
Urgente
La adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, Carolina Garcés, declaró que el problema con el marco normativo -en referencia al decreto- es que no se está aplicando adecuadamente con un trabajo articulado con las autoridades correspondientes.
“Si trabajamos bien el tema de las desapariciones desde un inicio, podemos evitar muertes y más afectaciones de derechos”, agregó.
Cabe resaltar que de enero a octubre de este año se registraron 105 feminicidios. El 15% de las mujeres víctimas de estos fueron previamente reportadas como desaparecidas, según la Defensoría del Pueblo.
Informó que el Estado tiene la obligación de actuar antes de las 24 horas de haberse informado que hay una persona no habida. Además de buscar una fotografía y la geolocalización de las persona.
“La desaparición es un tema absolutamente sensible. Sin embargo, lo es más cuando estamos hablando de mujeres, cuando la mayor parte de desaparecidas son niñas. Es decir, menores de edad”, dijo Garcés.
El decreto N°1428 señala que la Policía Nacional del Perú es responsable de investigar y realizar la búsqueda de personas en situación de vulnerabilidad denunciadas como desaparecidas. Además, el Ministerio Público con previa coordinación con la policía puede investigar la comisión de delitos concurrentes.
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La abogada del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Edith Aiquipa, señaló que es importante la correcta implementación de la norma antes de proponer nuevas como la Alerta Amber.
Resaltó que debería existir un sistema donde uno pudiese ingresar, encontrar los datos de la denuncia de una persona desaparecida y hacer el seguimiento para saber en qué estado está y qué gestiones se realizaron. Además de cómo fue encontrado para que se archive y obtener una estadística real.
En tanto, Garcés detalló que es importante que el trabajo articulado entre las autoridades encargadas sea con enfoque de derechos humanos y de género.
“Hasta el momento, la Comisión Multisectorial Permanente para el fortalecimiento del Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas -que se estableció para que funcione toda la articulación permanente para fortalecer el sistema de búsqueda de personas desaparecidas- solo trabajó en junio y no ha vuelto a estar activa”, inidicó.
Agregó que desde la Defensoría del Pueblo publican mensualmente el boletín “¿Qué pasó con ellas?” pero este último mes no han podido publicarlo porque el Ministerio del Interior no ha brindado la información de denuncias por desapariciónde septiembre. Ni las cifras de las personas ubicadas.
“Hemos pedido reuniones y hasta ahora no nos dan fecha para saber qué pasó con estas personas ubicadas, por qué es que desaparecieron, qué vínculo con qué otro delito tenía” mencionó.
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