Ariana Lira Delcore

Según la plataforma “Consulta Amigable” del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), desde el 2015 hasta la fecha, el presupuesto del Estado asignado al control y la prevención en salud mental se ha más que quintuplicado. Sin embargo, el monto actual —de alrededor de S/ 500 millones— representa únicamente el 0,2% del total del presupuesto anual para el sector público, y el 1,6% del total del presupuesto asignado al sector salud.

El decano del Colegio de Psicólogos del Perú, Miguel Ángel Vallejos, considera que el presupuesto asignado a la salud mental siempre ha sido bajo y que, tras la pandemia por el COVID-19, este debería, al menos, duplicarse.

LEE TAMBIÉN | El ránking legislativo II: ¿quiénes son los congresistas de mejor y peor desempeño en el primer año?

Lamentablemente, el tema de la salud mental siempre ha sido postergado. Y si bien el presupuesto ha aumentado en los últimos años, este se ha convertido en ínfimo con los problemas que ha traído la pandemia”, señala.

Según el psicólogo, con la pandemia, los problemas de salud mental —especialmente la depresión y la ansiedad — se han duplicado.

Las familias han perdido familiares, han perdido trabajos. Los niños y adolescentes se han visto atrasados en el colegio. Además, se han sumado las adicciones tecnológicas. En general, los problemas han incrementado y, con ello, la necesidad de dar atención a la salud mental ha aumentado”, asegura.

Para atender a los niños y adolescentes afectados por la emergencia sanitaria, indica Vallejos, el Colegio de Psicólogos del Perú ha solicitado la modificación de la Ley N° 29719, que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, para que se implemente una plaza permanente de un psicólogo por colegio.

Sabemos que los problemas de salud mental se desencadenan desde la niñez y la adolescencia. Si queremos reducir el costo sanitario de la salud mental, tenemos que intervenir tempranamente en esta población, porque cuando se vuelven adultos ya tenemos problemas crónicos”, explica.

María Mendoza, integrante del equipo técnico de la Dirección de Salud Mental del Minsa, coincide en que el presupuesto asignado al control y prevención de la salud mental es “insuficiente” para cubrir la brecha de atención, que en algunas partes del país bordea el 80%.

Según la funcionaria, debido al agravamiento de la situación de la salud mental tras la pandemia, el Minsa ha solicitado al MEF aproximadamente S/ 52,5 millones adicionales para el año 2023. Anteriormente, el sector solicitó aproximadamente S/ 140 millones adicionales, pero el pedido no fue considerado, indica Mendoza.

¿En qué se gasta el presupuesto?

Según las cifras del seguimiento de ejecución presupuestal del MEF, la mayor cantidad del presupuesto asignado a salud mental es destinado al tratamiento ambulatorio e internamiento de personas con síndrome o trastorno psicótico, así como a la rehabilitación de personas con esquizofrenia. A ello se designa el 26,5% del total.

El siguiente concepto con más presupuesto es el tratamiento ambulatorio e internamiento de personas con trastornos afectivos y de ansiedad (24,5%).

Por otro lado, las acciones con menor presupuesto asignado son: el mejoramiento del centro de salud Santa Elena en Huamanga, Ayacucho (0,1%), el tratamiento de personas con trastornos mentales judicializadas (0,5%) y las intervenciones comunitarias para la recuperación emocional de víctimas de violencia política (0,6%).

Por otro lado, hasta el 12 de octubre, en ocho de las once categorías de gasto en salud mental se ha ejecutado más del 50% del presupuesto asignado. Sin embargo, dos de estas presentan avances de menos de 30%.

La primera de ellas es “acciones comunes”, que incluye el monitoreo del programa en salud mental, el desarrollo de normas y guías técnicas, y el acompañamiento cínico psicosocial. Según el MEF, esta presenta un avance de ejecución presupuestal de 27,8%.

Mendoza sostiene que el poco avance se debe a que aún está en proceso la implementación de la historia clínica electrónica. “La adquisición de los equipos son varios y ello toma tiempo”, asegura.

Por su parte, el presupuesto destinado al tratamiento de personas con trastornos mentales judicializadas solo se ha ejecutado en un 3,8%. Mendoza explica que la mayor parte del presupuesto para este concepto —que es destinado a las personas privadas de su libertad— está a cargo del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES), ya que tiene que ver con la compra de medicamentos.

CENARES suele programar el presupuesto asignado a medicamentos en este producto. Este año hemos tenido dificultades en la compra de medicamentos. Los procesos de licitación no se han dado, ha habido medicamentos que no se encontraron o los plazos para los procesos se han vencido”, indica.

Por región

En el ámbito territorial, la región con mayor presupuesto por habitante destinado a la salud mental es Moquegua, con un aproximado de S/ 58,2 per cápita. Le siguen Tacna (S/ 35,1) y Apurímac (S/ 28,3). Por otro lado, aquellas que menos presupuesto por persona registran son La Libertad (S/ 8,3), Callao (S/ 8,9) y Lambayeque (S/ 9). En Lima Metropolitana, el presupuesto por habitante es de S/ 13,6.