Tala ilegal en Ucayali: gobierno regional culpa a la corrupción

Carlos Costa Valdez, actual director ejecutivo Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali, informó que ninguno de los nueve permisos de tala cuestionados por la Contraloría por haber sido emitidos sobre la base de datos falsos se encuentra vigente en la región. Según explicó el funcionario, los permisos para predios privados caducaron al cabo de un año, mientras que los emitidos para comunidades nativas fueron suspendidos por el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) mientras duran las investigaciones del Ministerio Público.

Costa aseveró a El Comercio que la emisión de permisos fraudulentos fue permitida por la corrupción que impera entre las ex autoridades regionales, comuneros y madereros ilegales, quienes especulan con el alto precio de las especies protegidas. 

“Cortaremos de raíz todo contrato que tenga información falsa y no permitiremos el blanqueo de madera”, dijo Costa.

Pese a la aclaración, el funcionario admitió que será una tarea titánica, pues solo cuentan con ocho inspectores de campo permanentes y su presupuesto para fiscalización es S/.32 mil menor al del año pasado (de S/.192 mil a S/.160 mil). Este monto no incluye las reparaciones civiles que deberían pagar las empresas y ex trabajadores multados por tala ilegal, pues a la fecha no hay sanciones vigentes del Poder Judicial en este ámbito. 

Como se recuerda, la Contraloría dio cuenta de que nueve permisos para la extracción de recursos forestales, logrados con datos falsos sobre la cantidad de hectáreas por aprovecharse, su ubicación y qué especies de árboles comprometían contribuyeron a la pérdida de 1.121 toneladas (1.495,77 m³) de madera en terrenos privados y de comunidades nativas de Ucayali entre el 2010 y el 2013.

Según un informe de la contraloría, que auditó 157 permisos emitidos por el gobierno regional en dicho periodo, las autorizaciones cuestionadas incorporaron ilegalmente especies de árboles protegidas como copaiba, huimba, lupuna, mashonate, quinilla y tornillo. Para agravar la situación, la tala ocurrió en áreas de las provincias de Padre Abad y Coronel Portillo, donde dicha actividad está prohibida si el concesionario no cumple con un plan de reforestación.

El Comercio pudo conocer que, de los nueve permisos, uno involucra a Marcial Pezo Armas, ex director ejecutivo Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali, y los otros ocho a Miguel Dávila Henderson, su predecesor. Estos funcionarios habrían cometido los delitos de responsabilidad por información falsa y responsabilidad de funcionario público por el otorgamiento ilegal de derecho.

A Pezo se lo cuestiona por dar permiso de tala a la comunidad nativa de Fátima, en el distrito de Iparia, en el 2013. La madera  talada era huimba, especie silvestre amenazada desde el 2006 y que alcanza un valor de S/.2 por pie tablar –menos 0,1 m³– en Ucayali y un 40% más cuando llega a Lima.

“Firmé el permiso de buena fe, me guié del trabajo de los inspectores de campo. No hubo intención de sorprender. Hay que entender que el trabajo de los inspectores es limitado, no tenemos esos GPS modernos de la contraloría, que hasta toman fotos”, aseveró Pezo.

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