Un total de 526 mujeres indígenas fueron víctimas de violencia sexual durante el 2018

Si la población más vulnerable en el Perú son las mujeres, las mujeres indígenas (andinas o amazónicas) son aún más afectadas, según apuntó la Defensoría del Pueblo en su último informe denominado: “Situación de los Derechos de las Mujeres Indígenas en el Perú”.

► Situación de la mujeres indígenas en el Perú: analfabetismo, violencia y desempleo

► En nueve meses el Ministerio de la Mujer atendió más de 4 mil casos de violencia familiar y sexual en el país

Uno de los datos más crudos del reporte es que solo en el año 2018 fueron reportados 526 casos de violencia sexual contra mujeres indígenas ante el Ministerio Público. De este total, las mujeres quechuahablantes representan el 83.84% (441) de los casos atendidos por el Programa de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos.

Otras cifras escalofriantes que entrega el informe es que el mayor número de víctimas de casos de violación de la libertad sexual son menores de edad. Del total, hay 166 casos donde las víctimas tienen entre 11 y 14 años, seguido del grupo de 15 a 17 años (149 casos). El 70% (370) de los casos corresponde a mujeres menores de edad.

“Para la Defensoría del Pueblo es una prioridad la defensa de los derechos de las mujeres indígenas porque son principalmente las mujeres quienes padecen graves violaciones de sus derechos humanos pero sobre todo, son las mujeres indígenas”, mencionó Alicia Abanto Cabanillas, adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo.

Según los datos entregados por la Defensoría en este informe hay en total 3 millones 078 mil 551 mujeres indígenas que representan el 10% de la población peruana. De ellas, más del 40% de mujeres indígenas en el Perú no están matriculadas en el nivel secundario y del total de la población indígena del país, 565.423 mujeres indígenas no saben leer ni escribir.

Además, de acuerdo a los datos de ENDES 2018, más de la mitad de la población femenina indígena (63.2%) ha sufrido violencia familiar y casi 7 de cada 100 mujeres (6.8%) sufrió violencia sexual.

Representando a sus sectores, Ángela Acevedo Huertas, viceministra de Interculturalidad del Ministerio de Cultura; Carolina Garcéz Peralta, viceministra de la Mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y Eliana Revollar Añaños, Adjunta para los Derechos de las Mujer de la Defensoría del Pueblo realizaron invocaciones a mejorar las políticas públicas y afianzar el compromiso con los derechos de las mujres.

—Dos historias de mujeres indígenas—

Antes de llegar a ser miembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Tarcila Rivera Zea, fue una joven quechuahablante que migró a los 10 años hacia Lima y dejó su comunidad San Francisco de Pujas en Vilcashuamán Cusco con la intención de cambiar su propio destino.

“Mi madre decidió que yo tenía que aprender a leer y a escribir y entonces, como las historias de las mujeres andinas que salimos de las comunidades, nos vamos al servicio doméstico a veces gratis, solamente para poder tener la oportunidad de aprender el castellano y estudiar”, comenta Tarcila.

Para ella, el punto de inflexión que marcó su vida es que trabajó en el ex Instituto Nacional de Cultura durante una etapa en que se impulsó y reivindicó en el país las raíces andinas como eje del país.

Hoy Tarcila considera que durante estos 25 años de trabajo, las mujeres indígenas han avanzado en lograr sus derechos colectivos pero dice que aún existe mucha diferencia entre los derechos en el Perú a los derechos que se brindan a las mujeres a nivel internacional.

“Tenemos grandes pendientes y todavía las mujeres indígenas en nuestros países somos una agenda pendiente. Queremos que el Ministerio de la Mujer pueda tener un programa específico con presupuesto para que las mujeres indígenas”, dijo y añadió que aún las principales barreras están relacionadas al acceso a la educación, a la justicia, al desarrollo económico y a la salud.

Rocilda Nunta Guimaraes, directora del Programa Mujer Indígena de Aidesep, confiesa que convertirse en dirigente fue un logro muy complicado porque las cosas se complican cuando una es mujer, joven e indígena. Rocilda nació en la comunidad nativa San Rafael, en el distrito de Masisea en Ucayali y desde adolescente se interesó por la participación ciudadana.

“Cuando pude acceder a una mayor responsabilidad en mi comunidad, muchos de los comentarios de hombres y mujeres era que no lo podría hacer porque no conocía la realidad. Tuve que probar con mucho trabajo lo que era capaz de lograr”.

Rocilda tiene 36 años y relata que en el mundo indígena es común que los dirigentes sean hombres y de mucha más edad. Comenta que el informe que entregó la Defensoría del Pueblo es un diagnóstico importante para poner énfasis en las brechas pendientes de la mujeres indígenas pero opina que no todos los problemas están plasmados ahí.

“En el informe no se habla de los derechos al agua y al aire sano de las comunidades afectadas por la explotación petrolera. Además hay que hacer más incidencia en la educación, que es clave para que las mujeres se desarrollen y empoderen”, sostuvo.