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Provías Descentralizado declaró nulo el contrato que firmó con el consorcio Puente Tarata III - integrado por una empresa relacionada a Karelim López- para la construcción de un puente vehicular sobre el río Huallaga.
Provías Descentralizado declaró nulo el contrato que firmó con el consorcio Puente Tarata III - integrado por una empresa relacionada a Karelim López- para la construcción de un puente vehicular sobre el río Huallaga.
MIRA: Pedro Castillo, todas sus versiones sobre Karelim López y el impacto en las investigaciones
La decisión de Provías se oficializó mediante una resolución que lleva la firma del director ejecutivo de esa institución, José Luis Pino Cárdenas, y a la que tuvo acceso El Comercio.
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#LoULtimo Provías Descentralizado declaró la nulidad del contrato firmado por el proyecto Puente Tarata III que fue licitado a favor del consorcio del mismo nombre asesorado por la empresaria Karelim López.
— Karem Barboza (@karembq) January 26, 2022
Vía @Politica_ECpe pic.twitter.com/mIwrqqktdR
En la resolución, Provías aseguró que el acuerdo infringió la Ley de Contrataciones del Estado.
En diciembre pasado, la Unidad de Investigación de El Comercio reveló que las empresas que compitieron por la obra de S/232,5 millones eran del mismo dueño: Marco Antonio Pasapera. Esta información fue considerado por Provías para anular el contrato.

#LoÚltimo La resolución de la nulidad del millonario contrato adjudicado a Consorcio Puente Tarata III, relacionado a la lobbista Karelim López, recoge los indicios de irregularidades reveladas por investigaciones publicadas por @ElComercio_peru - -> https://t.co/cPbLiWH0LI pic.twitter.com/mnIR9WS23x
— Oscar Libon (@chronopio) January 26, 2022
Pasapera es socio fundador de Corporación Imaginación S.A.C. y Termirex S.A.C., compañía relacionada a López. Ambas firmas integraron consorcios que se disputaron el contrato por el Puente Tarata, y Termirex ganó por una diferencia de 27 céntimos.
López visitó al presidente Pedro Castillo y al entonces secretario general, Bruno Pacheco, días antes de que se otorgara la buena pro al consorcio integrado por Termirex.
Meses después, tras fiscalizar la adjudicación, Provías detectó “dos inconsistencias severas” en la documentación y en el accionar del consorcio ganador, según señala la resolución. La primera es una presunta transgresión al principio de presunción de veracidad y la segunda es que dos empresas de un mismo grupo económico participaron de manera individual en el mismo procedimiento de selección. Esto último está prohibido con el fin de evitar concertaciones entre proveedores.
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